El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, lanzó una contundente advertencia sobre la situación fiscal del país durante su intervención ante la Comisión Legal de Cuentas.
En un análisis detallado, Rodríguez Becerra señaló que el mayor desafío actual es alcanzar la meta de recaudo tributario sin recurrir a la reducción del gasto público, con el propósito de garantizar el cumplimiento de la regla fiscal.
“De lo contrario, una contracción del gasto podría impactar negativamente el crecimiento económico y, en consecuencia, aumentar la deuda”, alertó el Contralor, haciendo énfasis en la necesidad de mantener la inversión pública para evitar un estancamiento económico.
La preocupación de la Contraloría se basa en cifras reveladoras: en 2024, la inversión se redujo en 0,6 puntos porcentuales del PIB, y la proyección para 2025 indica que este nivel podría mantenerse bajo o disminuir aún más debido a la reducción del gasto primario. Este contexto es especialmente relevante considerando que la deuda neta del país alcanzará el 60,6% del PIB en 2025.
El desafío del crecimiento económico y la sostenibilidad fiscal
El Contralor hizo un llamado a implementar un plan de recuperación económica que logre un mayor crecimiento, supere la tasa de interés de la deuda y permita cumplir con los compromisos del plan de desarrollo y las demandas sociales del país. En ese sentido, la proyección económica es moderadamente optimista:
- Crecimiento en 2023: 0,6%.
- Crecimiento proyectado para 2024: 1,7%.
- Crecimiento proyectado para 2025: 2,5%.
Además, la inflación pasó del 9,28% en 2023 al 5,2% en 2024, y se espera que en 2025 termine en 3,6%, acercándose a la meta del Banco de la República. Por su parte, la tasa de interés se redujo del 13,25% en 2022 al 9,5% en 2024, con perspectivas de continuar bajando.
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Ejecución presupuestal y déficit en el recaudo tributario
Uno de los aspectos más preocupantes es la baja ejecución presupuestal registrada en 2024:
- Ejecución total: 83,1%.
- Gastos de funcionamiento: 89,7%.
- Servicio de la deuda pública: 87,7%.
- Inversión: 57%, el nivel más bajo históricamente.
El bajo nivel de inversión es aún más alarmante considerando que sectores estratégicos como transporte y agricultura tuvieron ejecuciones del 48% y 39% respectivamente, muy por debajo de los promedios históricos.
En cuanto al recaudo tributario, el panorama también es complejo. La meta inicial de ingresos para 2024 era de $315,86 billones, pero fue ajustada a $287,4 billones. Sin embargo, solo se logró el 85,4% de esa meta ajustada, alcanzando un recaudo efectivo de $245,37 billones.
Aumento de la deuda pública y reservas presupuestales
La deuda del Gobierno Nacional Central (GNC) aumentó de $826 billones en 2023 (52,5% del PIB) a $962,32 billones en 2024 (57% del PIB), lo que representa un incremento de $136,79 billones (16,6%). Este aumento se debe principalmente a la caída en el recaudo tributario y la necesidad de emitir TES B para financiar el déficit fiscal.
Otro aspecto señalado por el Contralor es el crecimiento de las reservas presupuestales, que en 2024 alcanzaron los $61,7 billones, distribuidos en 177 entidades del orden nacional. Este incremento es consecuencia de dificultades en la ejecución de recursos y de modificaciones en el Estatuto Orgánico del Presupuesto.
Rodríguez Becerra destacó que, aunque las reservas de inversión alcanzaron el 39,6% del total de apropiaciones, superaron ampliamente el límite del 15% establecido por la Ley 225 de 1995, lo cual ejerce presión sobre las finanzas públicas.
Fiducias y su impacto en la ejecución presupuestal
El Contralor también se refirió al uso de fiducias públicas como un mecanismo válido para la gestión de recursos. Para 2024, los activos administrados en fiducias superaron los $108 billones, distribuidos principalmente en:
- Administración de pasivos pensionales y seguridad social (45,5%).
- Administración y pagos (41,3%).
Sin embargo, señaló que la creciente utilización de este mecanismo responde, en parte, a deficiencias en la ejecución presupuestal, por lo que recomendó fortalecer la planeación y promover el uso adecuado de vigencias futuras.
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