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Contraloría detectó irregularidades en obras de Neiva, Gigante, Pitalito y Villavieja

Jul 24, 2025

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La Contraloría General de la República reveló graves irregularidades en el uso de recursos públicos destinados a educación, cultura y deporte en el departamento del Huila y su capital, Neiva, tras una auditoría de cumplimiento realizada a fondos del Sistema General de Participaciones (SGP) y otras fuentes de inversión pública.

Según el informe de la Contraloría Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte, se identificaron 30 hallazgos, de los cuales cinco tienen presunta responsabilidad fiscal por un valor de $4.253 millones, 19 presentan posible incidencia disciplinaria, y se abrieron dos indagaciones preliminares.

El hallazgo más crítico corresponde a la obra de restauración y reforzamiento de la Iglesia San Antonio en el municipio de Gigante, ejecutada mediante el contrato No. 361 de 2023. Aunque el contrato fue terminado el pasado 4 de abril, la obra quedó inconclusa y se evidenció un presunto sobrecosto en el precio unitario del piso en concreto. La Contraloría calculó un detrimento patrimonial de $3.553 millones, que corresponde al total de los recursos invertidos, dado que la obra no está en funcionamiento.

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En el municipio de Villavieja, en la Institución Educativa Gabriel Plazas, se encontró un deterioro prematuro del 29,6% del polideportivo escolar, además de la inejecución de la demarcación de 560 m², lo que representa un posible daño fiscal por $57,6 millones.

El ente de control también halló irregularidades en otras obras de infraestructura como el Centro de Rendimiento Deportivo La Felicidad en Neiva, la Escuela de la Música en Pitalito y la Institución Educativa Cacique Pigoanza, que en conjunto representarían un presunto detrimento adicional de $642 millones.

La Contraloría advirtió que continuará haciendo seguimiento a las acciones correctivas y enfatizó la necesidad de que las autoridades municipales y departamentales mejoren sus procesos de gestión financiera y administrativa, a fin de garantizar el adecuado uso de los recursos públicos y la calidad de los servicios que estos deben respaldar.

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