La Contraloría General de la República anunció que interpondrá un recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia emitida por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho relacionado con el fallo de responsabilidad fiscal en el caso de la Refinería de Cartagena (Reficar).
El fallo en cuestión, que data del proceso de responsabilidad fiscal No. 005-2017, estableció que las decisiones de aumento del CAPEX (“Capital Expenditures”) durante el Proyecto de Ampliación y Modernización de Reficar, generaron un detrimento patrimonial debido al incremento injustificado de costos y retrasos en la ejecución. La Contraloría determinó que esta pérdida de recursos públicos era imputable tanto a la administración de Reficar, como a los miembros de la junta directiva y a los contratistas involucrados.
Decisión judicial cuestionada
En su reciente decisión, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca concluyó, por mayoría (dos de tres magistrados), que no se probó el daño patrimonial al Estado. Según el fallo, la inversión autorizada en el Control de Cambios 2 no constituye una fuente de daño patrimonial, argumentando que la comparación del impacto no debió hacerse con fórmulas matemáticas sino con una valoración de la inversión física, la cual no fue cuantificada.
Puede leer: Al ELN le confiscaron bienes por un valor de $33 mil millones
Así mismo, el tribunal señaló que no se demostró cuál fue la conducta específica del demandante que generó el detrimento fiscal. Sin embargo, esta posición no fue unánime, ya que una de las magistradas salvó su voto argumentando que no hubo un análisis probatorio suficiente para sustentar la decisión.
Acciones de la Contraloría
Frente a esta determinación, la Contraloría General reiteró que el fallo de responsabilidad fiscal original sí acreditó plenamente los elementos necesarios para configurar dicha responsabilidad, incluyendo el daño al patrimonio público. La entidad informó que apelará la sentencia en virtud de los derechos al debido proceso y a la defensa, y que el caso será elevado ante la Sección Primera del Consejo de Estado, máximo órgano de la jurisdicción contenciosa administrativa en Colombia.
En su apelación, la Contraloría solicitará que se revise integralmente el expediente administrativo y se enfoque en la causa inicial del daño fiscal señalado.
Le puede interesar: “Las intervenciones si sirven”
