La Contraloría General de la República advirtió sobre fallas en la asignación y pago de subsidios para los servicios de aseo, acueducto y alcantarillado, lo que pone en riesgo la prestación de estos servicios esenciales para la población más vulnerable del país.
El pronunciamiento se produjo tras un análisis de la información suministrada por el Ministerio de Vivienda, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y las empresas prestadoras de estos servicios. Según el ente de control, 361 municipios no han destinado el 15% de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico, como lo exige la Ley 1176 de 2007, mientras que 145 municipios ni siquiera han presentado reporte.
Atrasos en pagos afectan sostenibilidad del servicio
Además del incumplimiento en la destinación de los recursos, la Contraloría alertó sobre demoras significativas en los pagos de los subsidios. En promedio, los retrasos alcanzan 60 días, aunque en algunos casos se han extendido hasta 360 días, afectando gravemente la capacidad financiera de los operadores.
Un ejemplo de esta situación es el caso de la empresa Aguas de la Península SAESP, que ha tenido que recurrir a su casa matriz para obtener recursos adicionales debido a los retrasos en los pagos de subsidios por parte de la Alcaldía de Maicao.
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A corte de 31 de diciembre de 2024, la deuda acumulada por los municipios con las empresas prestadoras de estos servicios asciende a $180.505 millones, impactando directamente a los estratos 1, 2 y 3, que dependen de estos subsidios para acceder a los servicios básicos.
Casos críticos y afectaciones ambientales
El informe de la Contraloría también reveló situaciones alarmantes, como la existencia de municipios con hasta 75 cuentas de cobro pendientes por $5.671 millones en servicios de acueducto y alcantarillado, y deudas de $4.060 millones por el servicio de aseo en otro caso.
El retraso en el pago de subsidios para el servicio de aseo agrava la crisis de los rellenos sanitarios, que operan al límite de su capacidad. Esto genera riesgos ambientales y de salud pública, debido a la acumulación de lixiviados, la emisión de gases contaminantes y la reducción de la vida útil de los sitios de disposición final de residuos.
Uno de los casos más representativos es el de un operador en Córdoba, que presentó 10 derechos de petición ante la Contraloría debido a la falta de pago de los subsidios, una situación que ha sido objeto de seguimiento por parte del organismo de control.
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