La Contraloría General de la República alertó sobre los rezagos y deficiencias en la implementación del Catastro Multipropósito en el país, tras presentar el estudio “Estado de la implementación de la política pública de Catastro Multipropósito durante el periodo comprendido entre 2014 y 2024”, en el que se evidencian fallas estructurales en la formalización, actualización y uso de los recursos destinados al sistema catastral nacional.
El informe, elaborado por la Contraloría Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico, con apoyo de las Delegadas para la Gestión Pública e Instituciones Financieras y Economía y Finanzas Públicas, analizó una década de ejecución de la política pública y encontró riesgos críticos que amenazan el cumplimiento de los objetivos trazados en el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026, que fijó como meta alcanzar el 70 % de cobertura del territorio nacional.
Rezagos en la actualización catastral
El estudio señala que solo 73 municipios del país, equivalentes a 8,8 millones de hectáreas, cuentan con actualización catastral reciente, lo que representa apenas una fracción del total de 114 millones de hectáreas del territorio colombiano. Este bajo avance, según la entidad, refleja un riesgo de baja formalización y lentitud en la cobertura, especialmente en zonas rurales con mayores índices de pobreza o afectadas por el conflicto armado.
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La Contraloría advierte que el retraso limita la ejecución de políticas clave como la Reforma Rural Integral (RRI), pactada en el Acuerdo de Paz de 2016, que busca formalizar la propiedad y redistribuir la tierra. Sin un catastro actualizado, es imposible —señala el informe— garantizar una identificación precisa de predios para procesos de titulación, compra o restitución.
Riesgos financieros y pérdida de recursos
Otro de los hallazgos preocupantes es la pérdida de apropiación presupuestal, que entre 2016 y 2019 fue del 9,25 % y se incrementó drásticamente entre 2020 y 2023, alcanzando el 46 %. Esto significa que casi la mitad de los recursos destinados al catastro no fueron ejecutados, poniendo en riesgo la sostenibilidad financiera del programa.
La baja ejecución también se refleja en los municipios más vulnerables, donde pese a la asignación de fondos, no se ha logrado avanzar en la formación ni actualización catastral, perpetuando la inequidad territorial.
Falta de integración tecnológica
El informe resalta deficiencias en la interrelación entre los sistemas de catastro y registro, esenciales para garantizar la seguridad jurídica sobre la propiedad. Actualmente, el 91,45 % del área rural y el 72,10 % del área urbana del país no cuentan con datos actualizados, lo que genera un grave rezago en la información oficial.
La Contraloría concluye que el estancamiento del Catastro Multipropósito afecta directamente el desarrollo rural, la planeación territorial y la gestión ambiental. Además, advierte que si no se corrigen las tendencias actuales, los riesgos podrían consolidarse a mediano y largo plazo, comprometiendo los objetivos de la política pública y el uso eficiente de los recursos públicos.
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