La Contraloría General de la República reveló hallazgos preocupantes en la gestión administrativa y financiera de la Nueva EPS, la aseguradora más grande del país, tras adelantar una actuación con facultades de policía judicial para verificar el estado real de sus recursos.
De acuerdo con el organismo de control, la entidad no cuenta con estados financieros certificados y dictaminados para las vigencias 2023 y 2024. Además, se evidenciaron deficiencias graves en la calidad y seguridad de la información, lo que impide garantizar la trazabilidad, consistencia y completitud de los datos sobre el uso de los recursos públicos destinados a la salud.
Hallazgos principales
La investigación adelantada por la Contraloría identificó irregularidades de carácter contractual y financiero:
- Incumplimiento del Decreto 441 de 2022. La Nueva EPS omitió notas técnicas, soportes documentales, definición de modalidades de pago y la identificación de población objetivo, generando opacidad contractual y riesgos de doble pago, sobreutilización de servicios y desvío de recursos.
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- Giros irregulares de anticipos. Entre 2022 y 2025, la entidad giró anticipos a prestadores de salud (IPS) bajo la modalidad de “pago por evento”, una práctica prohibida por la normativa. A 30 de junio de 2025, se encuentran pendientes de legalizar $15,3 billones.
- Falta de auditorías. La EPS no realizó las auditorías obligatorias a las cuentas médicas de las IPS que recibieron anticipos. Asimismo, la ausencia de revisión a 13,7 millones de facturas, por un valor de $13,2 billones, expone al sistema a la pérdida de recursos públicos.
- Inconsistencias en la información financiera. Se encontraron diferencias entre los datos entregados a la Contraloría, los reportados por la Nueva EPS y los registros oficiales del Estado como la ADRES, lo que cuestiona la veracidad de los reportes sobre ingresos y giros.
Acciones de control
El Contralor General, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, instruyó a la Delegada de Salud para continuar con las actuaciones necesarias con el fin de determinar el posible daño patrimonial y los presuntos responsables fiscales.
La Contraloría también informó que, de ser necesario, recurrirá nuevamente a sus facultades de policía judicial para obtener información, al tiempo que realizará requerimientos ordinarios a los distintos actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).
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