La Contraloría General de la República estableció un hallazgo con alcance fiscal por $5.670 millones en una auditoría financiera realizada a la Aeronáutica Civil (Aerocivil), tras evidenciar la firma de un contrato sin las licencias y permisos ambientales requeridos para la operación de sistemas de tratamiento de agua en varios aeropuertos del país, entre ellos el de Neiva y Pitalito en el Huila.
El contrato, suscrito en 2022, tenía como objeto el mantenimiento y operación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales, potables e industriales de los aeropuertos administrados por la Aerocivil en la regional centro sur. Sin embargo, se ejecutó sin contar con concesiones de agua ni permisos de vertimiento otorgados por las Corporaciones Autónomas Regionales, lo que implica una violación a la normatividad vigente y representa un riesgo para la salud de usuarios y comunidades cercanas a los terminales aéreos.
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En el caso del Huila, los aeropuertos de Neiva y Pitalito carecen de las autorizaciones ambientales para las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), una situación que también se repite en terminales de municipios como Florencia, Guaymaral, Mariquita, Puerto Asís, San Vicente del Caguán y Villagarzón.
La auditoría también evidenció que en Leticia, Puerto Asís, San Vicente del Caguán y Villagarzón no existen permisos vigentes para las Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), lo que agrava el panorama.
Retrasos en programa de aeropuertos regionales
El ente de control alertó, además, sobre la baja ejecución del programa Aeropuertos para Servicios Aéreos Esenciales (ASAES), con el que se busca mejorar la conectividad aérea en regiones apartadas.
Aunque la Aerocivil comprometió más de $377.000 millones para obras en seis aeródromos, a diciembre de 2024 el avance físico solo alcanzaba el 2,31%, pese a que el plazo de ejecución vence en mayo de 2025.
Según el informe, únicamente se registran progresos en los aeródromos de Cumaribo (8,47%) y La Primavera (6,28%), lo que generará sobrecostos, retrasos y afectaciones a las comunidades que dependen de esta infraestructura.
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