Tras el hundimiento de la anterior consulta popular en el Congreso, el presidente Gustavo Petro anunció una nueva iniciativa que incluiría una pregunta sobre la reducción de precios de medicamentos y la producción estatal de fármacos.
DIARIO DEL HUILA, SALUD
Luego del hundimiento en el Senado de la propuesta de consulta popular impulsada por el Gobierno nacional, el presidente Gustavo Petro anunció que volverá a presentar una iniciativa similar. Esta vez, con una nueva pregunta centrada en el precio y acceso a los medicamentos en Colombia. A través de su cuenta en la red social X, el mandatario planteó que la ciudadanía decida si el Estado debe bajar el precio de los medicamentos y asumir su producción y distribución.
“Con una nueva pregunta: que baje el precio de los medicamentos en el país y permita al Estado comprar y producir los medicamentos esenciales y los destinados a tratar las principales enfermedades que padecen las personas”, escribió Petro.
Aunque el planteamiento podría parecer popular en medio de la crisis que atraviesa el sistema de salud, diversos expertos en política farmacéutica y exministros de Salud cuestionaron la viabilidad y utilidad de someter este asunto a consulta popular, señalando que el Ejecutivo ya tiene las herramientas legales y técnicas para intervenir en el mercado de los medicamentos sin necesidad de acudir a mecanismos de participación ciudadana.
«No se necesita consulta para regular precios»
Uno de los más críticos fue el exministro de Salud Alejandro Gaviria (2013-2018), quien lideró durante su gestión cuatro rondas de regulación de precios. Gaviria calificó la propuesta como “carente de sentido desde el punto de vista normativo”.
“El Gobierno ya tiene la capacidad de regular precios y producir medicamentos. La consulta no es necesaria, lo que hace falta es acción. El verdadero problema es la entrega de medicamentos, que se ha convertido en el síntoma más trágico del colapso del sistema de salud. En vez de consultar, el Gobierno debería usar las herramientas que ya existen”, afirmó en diálogo con EL TIEMPO.
En la misma línea se pronunció Augusto Galán Sarmiento, también exministro y actual director del Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud, quien recalcó que el Ministerio de Salud tiene la potestad para intervenir en los precios sin recurrir a una votación popular.
“El presidente no necesita una consulta para regular los precios de los medicamentos ni para bajarlos. Esa es una facultad que ya tiene el Ministerio”, enfatizó Galán.
Ambos exministros coincidieron en que, si bien es legítimo y deseable reducir el costo de los medicamentos para la población, ese objetivo debe alcanzarse a través de herramientas técnicas, no políticas.
Un proceso técnico, no populista
Gaviria detalló el proceso actual de regulación: se identifican medicamentos con alto grado de concentración de mercado a través del índice Herfindahl-Hirschman, se comparan precios con países de referencia y se emite una circular tras consulta con la industria. El cumplimiento de esta regulación es vigilado por la Superintendencia de Industria y Comercio.
Además, entre 2013 y 2018 se incluyeron miles de principios activos en el control de precios, con reducciones promedio superiores al 40 % y ahorros estimados entre 2 y 3 billones de pesos para el sistema. “Algunos medicamentos bajaron hasta un 90 %. Esto incluyó desde anticonceptivos hasta medicamentos institucionales”, explicó el exministro.
Galán también recordó la existencia de mecanismos complementarios como las compras centralizadas y el fomento del uso de medicamentos genéricos, estrategias que permiten reducir precios sin necesidad de un cambio normativo ni una consulta.
No obstante, advirtió que la regulación debe ser equilibrada, sobre todo cuando se trata de medicamentos innovadores protegidos por patentes. “Si fijamos precios demasiado bajos, desincentivamos la innovación. En Colombia no financiamos esa investigación, por lo que actuamos como ‘free riders’. Si alejamos a las empresas que investigan, nos perjudicamos a largo plazo”, alertó.
Críticas al discurso sobre acaparamiento
En su intervención pública más reciente, el presidente Petro volvió a referirse al presunto acaparamiento de medicamentos como causa del desabastecimiento, lo que generó nuevas tensiones con el gremio farmacéutico.
“Hay huelgas que hacen los patrones, como la de los medicamentos… Estas son criminales y deben comenzar a ser juzgadas penalmente”, escribió Petro el 15 de mayo.
Frente a estos señalamientos, Fenalco —que representa a Audifarma, la empresa auditada por la Superintendencia de Salud— rechazó las acusaciones del mandatario. “Estos señalamientos confirman su desconocimiento del funcionamiento del sistema de salud”, afirmó Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio, en un comunicado.
Por su parte, Galán aclaró que no hay evidencia de acaparamiento sistemático: “El Invima realiza monitoreos constantes. En marzo solo se reportaron cuatro medicamentos en desabastecimiento y uno en riesgo. Para hablar de desabastecimiento nacional se requeriría la falta de más de 100 medicamentos”.
¿Consulta innecesaria?
Ignacio Gaitán, presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación (AFIDRO), también cuestionó la pertinencia de una consulta popular para decidir temas tan complejos.
“Temas como el precio, las compras centralizadas y la producción nacional de medicamentos no deben resolverse con una pregunta de sí o no. Requieren análisis técnico, conocimiento del mercado y el acompañamiento de expertos”, expresó.
Mientras el presidente insiste en una nueva consulta popular con una pregunta llamativa para la opinión pública, los expertos coinciden en que el problema de los medicamentos en Colombia no es de orden normativo, sino de gestión. Las herramientas existen, lo que falta es decisión política para aplicarlas de forma técnica, sostenida y efectiva.
