Por: Mario Solano
El panorama político colombiano se ve sacudido una vez más por la propuesta del gobierno de solicitar a la Registraduría una consulta popular, una iniciativa que ha encendido las alarmas sobre una posible violación a la Constitución Política, haciendo imperativo analizar los argumentos que sustentan esta preocupación. La Constitución colombiana exige la aprobación del Congreso de la República para llevar a cabo dicho mecanismo de participación ciudadana. Es decir, la solicitud directa del gobierno a la Registraduría, sin el aval legislativo, es una transgresión directa a la Carta Magna.
La violacion es mayor al considerar que, ante cualquier duda sobre la negación o aprobación de una consulta por parte del Congreso, la única instancia habilitada para dirimir esa inquietud presidencial es la Rama Judicial. El sistema democrático colombiano se cimienta en la separación de poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Pretender que el presidente asuma y defina lo que debe hacer el Congreso o la Justicia implicaría una extralimitación de funciones, derivando en una concentración de poder que solo se da en un régimen dictatorial.
Existe la percepción de que este tipo de acciones, al querer impulsar una consulta o incluso una constituyente sin el debido proceso, tienen como objetivo «continuar formando el caos», un patrón que algunos observadores atribuyen a la personalidad del actual gobierno. Esta línea de acción, según los críticos, buscaría desestabilizar el orden establecido y eludir los controles democráticos.
En un Estado Social de Derecho como Colombia, el respeto por las instituciones y los procedimientos constitucionales es el pilar fundamental de la democracia. Saltarse el rol del Congreso y desconocer la autoridad de la Justicia no solo es una afrenta a la separación de poderes, sino que erosiona la confianza en el sistema republicano. La Constitución no es un mero adorno; es la hoja de ruta que define los límites y las responsabilidades de cada rama del poder público.
La solicitud de una consulta popular sin la debida aprobación del congreso genera serias dudas sobre su constitucionalidad. Más allá de la conveniencia política, es una acción que, de concretarse, entramos en el plano de una dictadura difrasada, menoscabando el equilibrio de poderes. El respeto a la Carta Magna no es negociable; es la garantía de la estabilidad y la convivencia en Colombia.
