Ernesto Cardoso Camacho
De conformidad con el texto del artículo 105 de la Constitución, interpretado en concordancia con los criterios establecidos en la Ley 134/94, norma de rango estatutario que reglamenta los mecanismos de participación ciudadana; es factible proponer que el Alcalde de Neiva convoque a una Consulta Popular para que sea directamente la ciudadanía la que defina, si esta o no de acuerdo, en la inversión pública tan cuantiosa para reconstruir la tribuna occidental del Estadio Plazas Alcíd.
Desde luego tal mecanismo de participación no podría realizarse si no hasta después de las elecciones presidenciales de junio del 2026, dado que no podría desarrollarse de manera coincidente con otra elección.
El tema merece una reflexión prudente y necesaria, por varias razones. La primera, porque la inversión pública entre gobernación y alcaldía superaría los 56 mil millones de pesos, de los cuales la mitad a cargo del municipio se financiarían con recursos del crédito, tal como se ha señalado en el respetivo acuerdo recientemente aprobado por el Concejo.
La segunda, poque el otro 50 por ciento a cargo de la gobernación, en caso de que la Consulta fuere negativa, liberaría dicho recurso presupuestal para otro proyecto de inversión de gran impacto social, como por ejemplo, un gran escenario de recreación popular y deportivo con énfasis en temas de cultura ambiental y cívica en los terrenos aledaños al estadio y aprovechando el área del mismo una vez derruida su deteriorada estructura. La tercera, porque dicha decisión soberana del pueblo, le abriría el espacio a que pudiese consolidarse el proyecto del nuevo estadio propuesto por el empresario Olave, el cual es, sin duda alguna muy interesante, aunque requeriría de los respectivos permisos ambientales y del POT de la ciudad, para que pudiese construirse en la isla del rio, tal como se ha anunciado por el empresario. O que alternativamente se construyera el nuevo estadio en otro sitio de la ciudad, mediante alianza público privada, moderno, multifuncional y como polo de desarrollo en el equipamiento urbano de la ciudad.
El debate que se ha empezado a generar debería estructurarse más allá del criterio de tener un nuevo estadio de futbol para el equipo insignia de la región, el cual, además, pertenece a un grupo de inversionistas privados que podrían concurrir como accionistas del proyecto para que fuese el escenario oficial del equipo Atlético Huila.
La pertinencia del mencionado elemento de participación ciudadana permitiría adelantar un gran debate cívico que serviría, entre otras cosas, para rescatar la iniciativa del gasto público de las promesas electorales de candidatos que privilegian su interés en los votos, más que en el verdadero desarrollo regional.
Un escenario construido desde hace más de 40 años por la voluntad cívica, merece que su demolición y reconstrucción sea decidida de igual manera, antes que por el capricho de los gobernantes que si bien es cierto es respetable, no debe olvidarse que su reconstrucción se ha generado por los aparentes errores de dos alcaldes que ahora hacen mutis por el foro.
