Mientras el Gobierno Nacional impulsa una consulta popular sobre la reforma laboral, surgen preguntas sobre la verdadera intención del mecanismo: ¿es un acto democrático genuino o una respuesta populista ante la falta de gobernabilidad? Esta columna analiza la validez de la consulta, el contenido de sus 12 preguntas, y si estas realmente resuelven los problemas estructurales del trabajo en Colombia.
La política colombiana, como el país mismo, se mueve entre la efervescencia de las calles y el barro de las instituciones. El anuncio del presidente Gustavo Petro de promover una consulta popular para decidir el rumbo de la reforma laboral representa, sin duda, un giro importante en la estrategia del Ejecutivo frente al Legislativo. Y aunque puede leerse como un gesto democrático, conviene mirar con lupa las implicaciones reales de este mecanismo.
Hay que reconocerle al presidente algo que no siempre ha estado en el centro de sus decisiones: esta vez, ha elegido un camino legítimo, constitucional y, sobre todo, democrático. La consulta popular es un mecanismo de participación consagrado en la Carta del 91, y su uso en contextos de desacuerdo institucional debería ser una muestra de respeto por la voluntad ciudadana. En ese sentido, es una apuesta que, por principio, debe saludarse como válida.
Sin embargo, la forma como se enmarca este proceso no puede desatenderse. La consulta aparece en el panorama tras el naufragio de las reformas sociales en el Congreso, producto de una mezcla de falta de consensos, torpezas políticas y una lectura errática del escenario legislativo. No es un secreto que el Gobierno ha preferido señalar a los «enemigos del cambio» antes que construir mayorías. Por eso, es contradictorio que se invoque la soberanía popular al tiempo que se desacredita a quienes disienten, incluso desde las propias instituciones democráticas.
Promover marchas, estigmatizar opositores y dividir al país entre «pueblo» y «oligarquía» no fortalece el tejido democrático. Al contrario, profundiza la polarización. Las reformas sociales necesitan sustento técnico, político y constitucional, no únicamente respaldo emocional. Y una democracia sólida no se sostiene solo desde la plaza pública, sino también desde el debate informado, la deliberación racional y el respeto a las reglas del juego.
Ahora bien, ¿las preguntas de la consulta nos acercan a resolver los verdaderos problemas del trabajo en Colombia? Esto es lo que el Gobierno ha propuesto preguntar a la ciudadanía:
- ¿Está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m.?
- ¿Está de acuerdo con que se pague con un recargo del 100% el trabajo en día de descanso dominical o festivo?
- ¿Está de acuerdo con que las micro, pequeña y medianas empresas productivas preferentemente asociativas reciban tasas preferenciales e incentivos para sus proyectos productivos?
- ¿Está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender tratamientos médicos y licencias por periodos menstruales incapacitantes?
- ¿Está de acuerdo en que las empresas deban contratar al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores?
- ¿Está de acuerdo con que los jóvenes aprendices del SENA y de instituciones similares tengan un contrato laboral?
- ¿Está de acuerdo que las personas trabajadoras en plataformas de reparto acuerden su tipo de contrato y se les garantice el pago de seguridad social?
- ¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios?
- ¿Está de acuerdo en eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales que violan los derechos laborales?
- ¿Está de acuerdo que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores, entre otros trabajadores informales, sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social?
- ¿Está de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general?
- ¿Está de acuerdo con constituir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas?
A simple vista, son preguntas que tocan fibras sensibles de la justicia laboral: derechos históricos postergados, equidad rural, inclusión de poblaciones vulnerables y garantías mínimas para el trabajo digno. Pero también es evidente que se apela más a la emocionalidad de lo políticamente correcto que al análisis técnico de las consecuencias. Las preguntas están redactadas para obtener un «sí» abrumador, y difícilmente podrían generar un debate profundo si no van acompañadas de un diseño normativo claro, sostenible y viable económicamente.
¿Estaban estos puntos en la reforma que se hundió? En efecto, la mayoría de estos temas sí estaban contenidos, al menos parcialmente, en el articulado de la reforma laboral presentada por el Gobierno: la formalización del trabajo doméstico, el recargo dominical al 100%, la eliminación de la tercerización, la promoción de contratos indefinidos, la protección a trabajadores de plataformas digitales, entre otros. Es decir, la consulta no es una improvisación absoluta. Pero aquí viene la trampa: lo que no se menciona es que muchos de esos artículos generaban serias dudas sobre su viabilidad, impacto en el empleo, y sostenibilidad para pequeñas empresas.
Entonces la pregunta de fondo es: ¿por qué no replantear, ajustar, dialogar y volver a presentar el proyecto, como lo dicta el camino institucional? ¿Por qué llevar al pueblo preguntas de sí o no sobre temas que requieren diseño técnico, evaluación presupuestal y coordinación interinstitucional?
Además, hay una realidad política y matemática que no puede ignorarse: para que esta consulta sea aprobada, se requiere que al menos 12 millones de colombianos voten afirmativamente. Esa es la cifra aproximada que hoy representa el umbral exigido, y que ni siquiera alcanzó el presidente Petro para ser elegido en segunda vuelta. Más aún, resulta paradójico —y preocupante— que se busque refrendar un tema tan complejo por vía de consulta, cuando el pueblo colombiano votó mayoritariamente «no» en el plebiscito por la paz, un tema que —como ninguno otro— involucraba a todos los sectores de la sociedad: víctimas, empresarios, campesinos, comunidades étnicas, jóvenes, mujeres.
En aquel entonces, el «no» ganó con más de seis millones de votos y una abstención que superó el 60%. ¿Por qué ahora habría más participación? ¿Qué garantiza que esta consulta no corra la misma suerte, convertida en un referendo simbólico, carente de eficacia política y jurídica?
Por eso, más que una verdadera apuesta por la democracia directa, esto huele a populismo de alta gama: se traslada al pueblo la ilusión de resolver con un voto lo que no se pudo construir con política pública seria. Se apela al «pueblo sabio» no para darle poder real, sino para usar su voz como legitimación de una narrativa que se ha estrellado contra los límites de la gobernabilidad.
En últimas, lo que está en juego no es solo una reforma laboral, sino la manera como concebimos el cambio social en Colombia. Si el Gobierno quiere un nuevo pacto laboral, debe empezar por tender puentes, no trincheras. Y si la consulta popular ha de ser el camino, que lo sea con altura, con transparencia, y con preguntas que realmente apunten al fondo del problema. De lo contrario, estaremos participando de un espectáculo democrático que, al final, no cambiará nada.
