El Decretazo promulgado por el gobierno nacional, por medio de la cual convocó a una Consulta Popular, sin tener en cuenta el concepto de favorabilidad del Senado de la República, porque fue negada por 49 votos a favor y 47 por el No, quedó en el congelador. De nada sirvieron las convocatorias a las marchas impulsadas por el ejecutivo, a la cual fueron movilizadas diferentes organizaciones sociales para escuchar los reiterados discursos incendiarios, los cuales fueron transportados desde diferentes regiones del país, mediante el pago de chivas y viáticos, para que escucharan al primer mandatario de los colombianos, lanzar madrazos, diatribas y ofensas contra las demás poderes públicos del Estado Colombiano, con el fin de amenazarlos y obligarlos para que le aprobaran esta iniciativa de participación ciudadana. Durante la presente semana, le pasaron factura dos acontecimientos que no los podemos dejar pasar por alto, que fue las impresionantes marchas del silencio que se desarrollaron en todas las capitales de departamentos y en más de un centenar de municipios del país, que salieron a solidarizarse y a orar por la pronta recuperación de la salud del senador y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien fue objeto de un atentado criminal cuando se encontraba realizando una concentración popular en el Barrio Modelia de Bogotá.
Actualmente se encuentra luchando por su vida en una sala de cuidados intensivos en la clínica Santafé de Bogotá, lo cual despertó una reacción popular y solidaria en toda la opinión pública, que se encuentra inconforme con el accionar gubernamental a todo el pueblo colombiano, que también salieron masivamente a las calles para protestar contra la administración nefasta e incompetente del gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego, quien no ha brindado las garantías y la seguridad para ejercer libremente la campaña electoral que se nos aproxima. Y Ahora la decisión del Registrador Nacional, Hernán Penagos Giraldo quien dispuso de abstenerse a convocar a la ciudadanía a las urnas a realizar esta Consulta Popular, hasta que se pronuncien las altas Cortes, sobre la exequibilidad del Decreto 639 del 11 de junio del presente año.
Para tal efecto, solicitó conceptos a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, Procuraduría General de la Nación y a la Corte Constitucional. Se espera que se pronuncien, de manera ágil y oportunamente a las decenas de demandas que se han interpuesto y que cursan en sus Despachos, contra el mencionado Decretazo. Así con este panorama, dicha iniciativa gubernamental queda en el congelador, la cual se convierte en una mayúscula preocupación y decepción para el ejecutivo que esperaba que dicha consulta se realizará el próximo 7 de agosto, para empezar de lleno la campaña de su reelección presidencial y la de los aspirantes al Congreso de la República de los movimientos afectos.
