Aníbal Charry González
Las Constituciones son expedidas para perdurar sin que se conviertan en pétreas, porque son la carta de navegación de cualquier país, que deben ser interpretadas y desarrolladas en beneficio de una sociedad por las ramas de poder público, lo cual excluye que se estén reformando o redactando al desgaire, so capa de que deben ser actualizadas para resolver todos los problemas sociales en el papel y para que “tenga como límites los compromisos previos en materia de tratados internacionales sobre derechos humanos, las normas del Ius Cogens, la prohibición de retroceso en materia de derechos fundamentales internacionales, así como el respeto al principio de no regresividad en derechos sociales”, que es lo que pretende el proyecto de ley para convocar una constituyente para reformar en su totalidad la Constitución, que es lo mismo que cambiarla, salido del magín del renunciado ministro de Justicia Eduardo Montealegre.
Y es que resulta inexplicable que tal fundamento para cambiar nuestra Constitución de libertades y derechos considerada como una de las más avanzadas del orbe, haya sido propuesto por quien tiene conocimientos en la materia como que fue presidente de la Corte Constitucional en estos caldeados momentos, preguntándole al pueblo con esa inextricable redacción, si está de acuerdo con que la Asamblea Constituyente reforme la totalidad de la Constitución, a sabiendas de que resulta imposible convocarla como lo dispone el artículo 376 de la Constitución, porque como constituyente primario quedó secuestrado por el constituyente secundario, y lo que es todavía más ladino, que no se revoque el Congreso, que es precisamente donde se encuentran todos los males de este país y se niega a desarrollarla en materia de derechos fundamentales, que urge reformar junto con el sistema político electoral y la justicia para que, con unas nuevas reglas de juego podamos tener una actividad electoral decente que responda a las exigencias de una auténtica democracia.
Por eso la Constituyente que se pretende convocar es populista con fines electoreros, e inútil para resolver nuestros gravísimos problemas sociales como por ensalmo, cuando no necesitamos cambiar la Constitución, sino reformarla en 3 puntos: al sistema político electoral que solo sirve a la mafia de la politiquería, y al Congreso; a la Justicia, y al artículo 376 de la Constitución para que cese el secuestro del constituyente primario por el contaminado constituyente secundario y pueda convocar una constituyente directamente, pues es una aberración en un Estado Social de Derecho, que el pueblo tenga que pedirle permiso al congreso para ejercer su soberanía.
