El Consejo de Estado emitió un fallo mediante el cual ordena al presidente Gustavo Petro presentar disculpas públicas por declaraciones formuladas en junio de 2024, durante un acto oficial en Estocolmo, Suecia, relacionadas con el secuestro y asesinato de Gloria Lara de Echeverri. Según la providencia judicial, el mandatario afirmó sin respaldo probatorio que un familiar de la víctima había participado en los hechos. Las hijas de la señora Lara interpusieron una acción de tutela invocando la afectación de sus derechos al buen nombre, la honra y la dignidad.
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La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo concluyó que el presidente emitió una acusación directa, sin sustento fáctico ni respaldo judicial, lo que constituye una vulneración de los derechos fundamentales de la familia Lara. En contraste, otras afirmaciones realizadas por el mandatario durante el mismo evento, como las referidas a torturas sufridas por los procesados del caso y su presunta inocencia, no fueron objeto de reproche, dado que contaban con sustento en decisiones judiciales y pronunciamientos del sistema interamericano de derechos humanos.
Como consecuencia del fallo, el presidente debe retractarse públicamente mediante un comunicado difundido en varios canales oficiales, incluyendo la página de la Presidencia de la República, el sitio del Departamento Administrativo de la Presidencia, la cuenta institucional del Consulado en Estocolmo y su perfil personal en la red social X (@petrogustavo). La publicación deberá mantenerse visible por un término de tres meses y el cumplimiento debe realizarse en un plazo de cinco días hábiles contados desde la notificación de la sentencia.
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La decisión judicial reitera que el ejercicio de la libertad de expresión por parte de funcionarios públicos, particularmente en el ámbito político, debe observar límites cuando se afectan derechos fundamentales de terceros. El Consejo de Estado recordó que el caso de Gloria Lara fue reconocido por organismos internacionales como un hecho en el que el Estado colombiano incurrió en responsabilidad, razón por la cual las afirmaciones del presidente sobre un supuesto familiar implicado sin prueba alguna resultaron contrarias a los estándares de veracidad exigibles en el discurso oficial.
