El Consejo de Estado despejó dudas sobre la legalidad de las transmisiones en directo de los consejos de ministros encabezados por el presidente Gustavo Petro.
En una reciente decisión, la Sección Quinta de la alta corte concluyó que no existe impedimento legal para que el mandatario continúe televisando estas sesiones a través de medios públicos y privados.
El pronunciamiento se dio tras resolver una acción de cumplimiento que solicitaba la suspensión de estas transmisiones, argumentando que violaban el artículo 9 de la Ley 63 de 1923. Según dicha norma, las reuniones del consejo de ministros, en su función consultiva, debían realizarse de forma “absolutamente reservada”, sin revelar siquiera el nombre del ministro encargado de estudiar los temas tratados.
Sin embargo, para el Consejo de Estado, esta disposición no limita la potestad del jefe de Estado de establecer la manera en que dirige y comunica estas reuniones. De acuerdo con el fallo, la norma citada no prohíbe expresamente las transmisiones y, por tanto, queda a discreción del presidente decidir qué asuntos hacer públicos.
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La acción fue promovida tras el consejo de ministros transmitido el pasado 4 de febrero de 2025, que inició a las 5:20 p. m. y se prolongó hasta cerca de la medianoche, en el que se abordaron temas de política pública y decisiones gubernamentales. El demandante alegó que dicha emisión no solo violaba la reserva de ley, sino también afectaba el derecho ciudadano a recibir información precisa, al considerar que se trataba de una estrategia propagandística más que informativa.
Pese a estos argumentos, el alto tribunal sostuvo que la Constitución no limita la publicidad de este tipo de actos, siempre que no se vulneren derechos fundamentales ni se divulgue información protegida por el deber legal de reserva.
Con esta decisión, el presidente Gustavo Petro queda habilitado para seguir desarrollando sus consejos de ministros de manera pública, como ya lo ha hecho en varias ocasiones durante su mandato, en lo que ha denominado una estrategia para fomentar la transparencia en la gestión del Ejecutivo.
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