DIARIO DEL HUILA, POLITICA
El Consejo de Estado admitió la demanda de nulidad presentada por la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, contra el controvertido Decreto 0639 de 2025, conocido como el ‘decretazo’, con el cual el presidente Gustavo Petro pretendía convocar una consulta popular sin el aval del Congreso. Aunque el decreto fue posteriormente derogado, la admisión del recurso abre la puerta a una revisión judicial que podría acarrear consecuencias penales.
“Fue expedido ilegalmente por Petro y sus ministros”, aseguró Cabal, quien celebró la decisión del alto tribunal como una garantía institucional. A su juicio, el decreto desconocía los procedimientos establecidos en la Constitución, por lo que considera que debe ser declarado nulo para sentar un precedente frente a los límites del poder presidencial.
La medida fue originalmente firmada el 11 de junio de 2025 por el jefe de Estado y por 19 ministros —15 titulares y cuatro encargados—. Sin embargo, fue derogada por el propio Gobierno mediante el Decreto 0703 del 24 de junio, en el marco de un acuerdo con el Senado para facilitar la aprobación de la reforma laboral.
Pese a ello, Cabal insistió en la importancia de que la justicia evalúe el fondo del acto administrativo, debido a las posibles irregularidades en su expedición y a que este tipo de decisiones “no pueden quedar en el vacío” solo porque el decreto fue retirado.
Irregularidades en el Congreso
Entre los argumentos que llevaron al Gobierno a justificar la expedición del decreto, el entonces ministro de Justicia, Eduardo Montealegre Lynett, presentó un listado de presuntas irregularidades ocurridas durante la sesión en que se hundió la propuesta de consulta popular. Estas incluyeron omisiones en la lectura del texto, errores en el conteo de votos, modificación del voto de un congresista, y el desconocimiento de una apelación interpuesta por la congresista María José Pizarro.
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No obstante, pese a esas denuncias, la votación en el Senado fue clara: 49 votos en contra y 47 a favor, lo que impidió la aprobación inicial del mecanismo de participación directa. Luego, en un giro político, el presidente Petro propuso derogar el decreto a cambio del visto bueno a la reforma laboral, lo que finalmente ocurrió el 18 de junio.
Lo que sigue
La admisión de la demanda por parte del Consejo de Estado no implica todavía una decisión de fondo, pero sí da vía libre para que se inicie el análisis judicial de su legalidad. De hallarse irregularidades sustanciales, los funcionarios que firmaron el documento podrían enfrentar consecuencias jurídicas.
Entre ellos están el ministro del Interior, Armando Benedetti, y los titulares de carteras clave como Hacienda, Defensa, Agricultura, Salud, Trabajo, Educación, Cultura, entre otros. La demanda también podría dar pie a procesos penales por prevaricato o abuso de autoridad si se comprueba que actuaron por fuera del marco legal.
Para Cabal, el mensaje es claro: “Las altas cortes deben proteger la Constitución y evitar que el poder se use para burlar la voluntad democrática del Congreso”.
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