El Consejo de Estado admitió una demanda que busca anular los cargos transitorios creados en la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, medida adoptada por la Judicatura tras la priorización del proceso judicial que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe.
La acción judicial fue presentada por el abogado Samuel Alejandro Ortiz, quien además solicitó como medida cautelar la suspensión provisional del acto administrativo que permitió la designación de magistrados adjuntos.
“Por ajustarse a las formalidades previstas en los artículos 162 a 166 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), se admite la demanda (…) con el fin de obtener la declaratoria de nulidad, previa suspensión provisional, de los efectos del Acuerdo PCSJA25-12326 de 6 de agosto de 2025”, señala el auto admisorio.
El acuerdo cuestionado respondió a solicitudes de los despachos 004, 011 y 013 de la Sala Penal del Tribunal de Bogotá, que argumentaron la necesidad de apoyo transitorio para atender tanto el expediente de Uribe como los demás procesos en curso, teniendo en cuenta el volumen y la connotación del caso.
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La Judicatura había justificado la medida por la cercanía de la prescripción, prevista para octubre. No obstante, tras la renuncia expresa del expresidente Uribe a ese beneficio, el Tribunal cuenta ahora con un plazo de hasta dos años para resolver la apelación presentada por su defensa contra la condena de primera instancia.
La sentencia que condenó al exmandatario a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal fue apelada el pasado 13 de agosto por sus abogados Jaime Granados y Jaime Lombana. En un documento de más de 900 páginas, cuestionan la validez de pruebas como la interceptación telefónica realizada en 2018 por la Corte Suprema, que inicialmente estaba dirigida a otro congresista.
Mientras avanza la revisión de fondo de la apelación, el expresidente Uribe permanece en libertad tras un fallo de tutela del propio Tribunal de Bogotá, que revocó la orden de detención inmediata emitida por el juzgado de primera instancia.
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