El alcance del escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sigue creciendo, y ahora se extiende a un nuevo frente: el Instituto Nacional de Vías (Invías).
La Fiscalía General de la Nación envió un listado de 28 congresistas a la Corte Suprema de Justicia para que se investigue su posible vinculación en un presunto caso de corrupción dentro de esta entidad.
La solicitud fue presentada por María Cristina Patiño, fiscal delegada ante la Corte Suprema y líder del Grupo de Tareas Especiales que coordina el macroproceso sobre corrupción en la UNGRD. La compulsa de copias ya fue remitida a la Secretaría de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, que deberá asignar por sorteo a un magistrado ponente para iniciar las indagaciones preliminares.
Las declaraciones que desencadenaron la investigación
El detonante de esta nueva línea investigativa fue la declaración de la exasesora María Alejandra Benavides, quien, en el marco de las pesquisas por el caso de la UNGRD, mencionó a varios senadores y representantes a la Cámara de distintas bancadas políticas como posibles beneficiarios de contratos irregulares en Invías.
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Entre los congresistas señalados se encuentran Juan Loreto Gómez, Olga Lucía Velásquez, Katherine Miranda, Wilmer Ramiro Carrillo, Daniel Restrepo, Wadith Peinado, Juan Diego Muñoz, Wilmer Castellano, Silvio José Carrasquilla, Álvaro Henry Monedero, Elkin Rodolfo Ospina, Wilder Iberson Escobar, Milena Jaraba, Sandra Aristizábal, Kellyn Johana González, Yamil Arana, Juliana Aray Franco, Néstor Leonardo Rico y Willmer Yesid Guerrero.
En el Senado, los nombres mencionados incluyen a Juan Diego Echavarría, Efraín Cepeda, Juan Carlos Garcés, Juan Pablo Gallo, José Alfredo Gnecco, Liliana Bitar y Karina Espinosa.
El proceso judicial en marcha
Con la documentación en manos de la Corte Suprema, el magistrado que resulte asignado deberá adelantar una indagación previa para determinar si existen elementos suficientes para abrir un proceso formal contra los legisladores mencionados.
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