Entre enero y junio de este año se registraron 1.834 eventos de conflictividad social en el país, según el más reciente informe del Observatorio de Conflictividad Social de la Defensoría del Pueblo.
La cifra representa un incremento del 6% en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 1.730 casos.
De acuerdo con el reporte, los hechos se presentaron en 395 municipios de los 32 departamentos, incluyendo Bogotá. Las mayores concentraciones se dieron en la capital (12%), seguida por Valle del Cauca y Bolívar (6% cada uno), y por Atlántico, Santander, Antioquia y Magdalena (5% cada uno). Huila, Córdoba, Meta, Norte de Santander, Tolima y La Guajira registraron el 4% cada uno, mientras que el resto de departamentos tuvo participaciones entre el 1% y el 3%.
El análisis señala que Amazonas y Putumayo fueron los territorios con mayor variación porcentual (100% cada uno), seguidos por Risaralda (63%), Nariño (55%), Quindío (45%) y Casanare (43%). En el caso de Amazonas, el aumento estuvo relacionado con conflictos por transporte, garantías para estudiantes del SENA y recursos para el Cuerpo de Bomberos de Leticia. En Putumayo, la alza estuvo asociada a la declaratoria de asamblea permanente por parte de organizaciones sociales que denunciaron abandono estatal.
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Principales causas de las movilizaciones
El informe identifica como una de las causas más notorias el incumplimiento de acuerdos relacionados con la finalización del conflicto armado. En este punto, se reportaron protestas de firmantes de paz que reclamaron garantías de seguridad y la implementación de proyectos productivos para su reintegración.
También se registraron demandas sobre temas tributarios, derechos laborales, derecho a la educación, derechos de la población privada de la libertad, y la falta de inversión y presencia estatal. A estos se sumaron reclamos por la garantía de derechos fundamentales como la vida, la seguridad y la libertad, cuyo registro aumentó un 115% debido a la crisis humanitaria generada por actores armados ilegales y hechos de violencia política, entre ellos el reciente atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay.
Otro factor recurrente fue la situación del sistema de salud, con un incremento del 86% en los eventos respecto al mismo periodo del año anterior.
Formas de protesta y balance de la conflictividad
Los mecanismos más utilizados fueron los plantones (41%), bloqueos o cortes de ruta (39%), marchas o movilizaciones (6%) y paros o cese de actividades (2%). El 12% restante corresponde a otras acciones. La Defensoría resaltó que la mayoría de estas expresiones fueron pacíficas y que los disturbios o acciones violentas disminuyeron un 36% en comparación con 2024.
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