Un juez penal de conocimiento condenó a dos integrantes de las disidencias de las Farc por el ataque con explosivos que causó la muerte de siete policías en el corregimiento de San Luis, en Neiva, el 2 de septiembre de 2022. El hecho, que conmocionó al Huila, marcó uno de los episodios más dolorosos en la historia reciente de la institución policial.
DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL
Un juez penal de conocimiento condenó a 25 años y 10 meses de prisión a José Eliecer Ramírez Castaño, conocido como alias Mauricio, cabecilla de la estructura Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc, por su responsabilidad en el ataque con explosivos que causó la muerte de siete policías y dejó a otro herido en el corregimiento de San Luis, zona rural de Neiva (Huila), el 2 de septiembre de 2022.
Junto a él también fue condenada Claudia Daniela Jaramillo Obando, alias Juliana, integrante de la misma estructura, quien recibió una pena de 23 años y 7 meses de prisión. Ambos aceptaron cargos mediante preacuerdos con la Fiscalía General de la Nación, que los procesó por delitos de homicidio, tentativa de homicidio, concierto para delinquir, hurto calificado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y explosivos.
El atentado, recordado como una de las acciones más violentas contra la fuerza pública en los últimos años en el Huila, conmocionó al país y puso en evidencia el accionar de los grupos residuales de las antiguas Farc que operan en el sur del país.
La masacre que estremeció al Huila
Eran cerca de las 2:30 de la tarde del viernes 2 de septiembre de 2022 cuando una patrulla de la Policía Nacional fue emboscada en la vereda Corozal, jurisdicción del corregimiento de San Luis. Los uniformados regresaban de una actividad de bienestar social organizada por la Policía Metropolitana de Neiva, cuando al pasar por un camino rural fueron sorprendidos por la detonación de un artefacto explosivo, seguido de ráfagas de fusil.
El ataque dejó siete policías muertos y un sobreviviente herido. Entre las víctimas se encontraban los subintendentes Wilson Jair Cuéllar y Luis Alberto Sabi Gutiérrez; los patrulleros Jhon Fredy Vargas y Duberney Carreño; y los auxiliares Santiago Gómez, Andrés Mauricio Pascuas y Cristian Cubillos. Inicialmente se habló de ocho fallecidos, pero luego se confirmó la supervivencia del auxiliar Gustavo Esquivel Rojas, quien resultó gravemente lesionado.
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Las primeras imágenes del lugar mostraban una vía rural de difícil acceso, cubierta por humo y rodeada de vegetación. Ante la complejidad del terreno, las autoridades dispusieron el envío de helicópteros para recuperar los cuerpos y brindar apoyo a las unidades en la zona.
De acuerdo con las investigaciones, el ataque fue ejecutado por integrantes de la estructura Ismael Ruiz, una facción disidente de las Farc con presencia en el sur del Huila y el norte del Tolima, que en ese momento intentaba expandir su control territorial y golpear la presencia institucional en el departamento.
Responsables identificados y condenados
Según el ente acusador, alias Mauricio no solo fue el autor intelectual del ataque en San Luis, sino que también está vinculado a otros siete homicidios selectivos cometidos en municipios de Huila y Tolima. En su calidad de cabecilla, dirigía las operaciones armadas y coordinaba el uso de explosivos en las acciones contra la fuerza pública.
Por su parte, alias Juliana cumplió un rol logístico determinante: fue la encargada de adquirir las baterías utilizadas para detonar los artefactos explosivos que destruyeron la patrulla policial. La Fiscalía documentó comunicaciones y testimonios que comprobaron su participación activa en la planeación del atentado.
En enero de 2025, también fue condenado Edwin Collo Dagua, alias Guajiro, identificado como cabecilla financiero de la misma estructura. Su sentencia, dictada igualmente por un juez penal de conocimiento, confirmó que los tres hacían parte del mismo grupo armado y actuaron en coordinación para ejecutar el ataque.
Las decisiones judiciales, según la Fiscalía, forman parte de un conjunto de procesos priorizados contra los responsables de agresiones armadas a la fuerza pública en el sur del país, donde las disidencias mantienen presencia en zonas rurales de difícil acceso.
Del dolor a la justicia
El ataque de septiembre de 2022 dejó una profunda huella en el Huila. Las víctimas, todas adscritas a la Policía Metropolitana de Neiva, fueron despedidas con honores en medio de ceremonias cargadas de dolor y solidaridad.
El hecho provocó el rechazo del Gobierno Nacional y de diversos sectores políticos. En ese entonces, el presidente Gustavo Petro condenó el crimen y lo calificó como un golpe a su política de “paz total”, mientras que líderes como Roy Barreras, entonces presidente del Senado, exigieron una respuesta firme del Estado frente a los grupos que seguían delinquiendo bajo las siglas de las antiguas Farc.
Las Fuerzas Militares de Colombia también emitieron un pronunciamiento contundente:
“Rechazamos el vil asesinato contra nuestros uniformados en Huila. Enviamos un mensaje de solidaridad a sus familias y disponemos todas nuestras capacidades para dar con el paradero de los responsables”, indicaron en su momento.
El proceso judicial que culmina ahora con estas condenas representa un paso hacia la reparación de las víctimas y hacia la reafirmación del Estado de Derecho en una región históricamente golpeada por la violencia.
Una estructura que opera entre Huila y Tolima
La estructura Ismael Ruiz, a la que pertenecían los condenados, ha sido identificada como una de las disidencias más activas en el sur del país. Según fuentes judiciales, su accionar se ha centrado en el tráfico de armas, extorsión, narcotráfico y ataques selectivos contra la fuerza pública.
En los últimos años, la Fuerza Pública ha ejecutado varias operaciones que han permitido capturar o neutralizar a sus principales mandos medios y debilitar su presencia en zonas como La Plata, Algeciras y San Antonio (Tolima). No obstante, las autoridades reconocen que aún existen focos de resistencia que representan una amenaza para la seguridad rural.
Justicia y memoria
Las sentencias dictadas contra alias Mauricio, alias Juliana y alias Guajiro no solo marcan el cierre de un doloroso capítulo para la Policía Nacional y las familias de las víctimas, sino que también envían un mensaje de justicia en un país que sigue buscando la paz.
La Fiscalía destacó que estos fallos reafirman el compromiso institucional con la investigación y judicialización de quienes atentan contra la vida de los servidores públicos y la tranquilidad de las comunidades.
Hoy, tres años después de aquella tragedia, el recuerdo de los siete policías asesinados sigue presente en la memoria de los huilenses, como símbolo del sacrificio y la entrega de quienes dedican su vida a proteger a los demás.
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