La decisión se hizo oficial mediante la “Determinación Presidencial sobre Países de Tránsito Importante de Drogas o de Producción Importante de Drogas Ilícitas para el Año Fiscal 2026”, publicada por el Departamento de Estado.
En la lista, Colombia aparece junto a Afganistán, Bolivia, Birmania y Venezuela como naciones que, según Washington, “no han demostrado, durante los últimos 12 meses, haber cumplido de manera fehaciente con sus obligaciones bajo acuerdos internacionales de lucha contra las drogas».
Aunque la descertificación supone un duro golpe diplomático, el mismo informe advierte que la asistencia de EE. UU. a Colombia es “vital para los intereses nacionales” de ese país.
Le puede interesar: Tribunal frena provisionalmente el nombramiento de Juan Carlos Florián como ministro de Igualdad
La respuesta del presidente Petro
Tras conocer la decisión, Petro señaló que con este paso se pone fin a la dependencia de Colombia frente a Washington y cuestionó directamente la política antidrogas estadounidense.
“Ustedes comienzan por una mentira fáctica. Los crecimientos de cultivos de coca se presentan en el gobierno de (Iván) Duque, y con fumigación forzada. Es la política de los EE. UU. la que ha fallado. Para que disminuyan los cultivos de hoja de coca lo que se necesita no es glifosato tirado desde avionetas, sino disminución de la demanda de cocaína fundamentalmente de EE. UU. y Europa”, afirmó.
El mandatario reiteró que el modelo impuesto durante décadas no ha dado resultados, mientras que Colombia ha asumido altos costos humanos, económicos e institucionales en la lucha contra el narcotráfico.
Reacciones políticas
La decisión también despertó reacciones en distintos sectores. El embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña, había advertido días antes que una eventual descertificación sería “muy injusta” y que afectaría tanto a Colombia como a Estados Unidos, beneficiando únicamente a los narcotraficantes.
El expresidente Ernesto Samper calificó la medida como “ilegal, política y regresiva”. Recordó que el país ya pasó por una situación similar y que esta podría ser una oportunidad para evidenciar internacionalmente los altos costos que ha asumido Colombia en una guerra que no es solo suya.
Samper sostuvo que la descertificación es ilegal porque “ningún país está autorizado para imponer sanciones unilaterales a otro” y política porque ha sido usada históricamente para castigar a gobiernos considerados enemigos de Washington. Además, la tildó de regresiva, al recaer en los eslabones más vulnerables de la cadena de producción, como campesinos e indígenas, en vez de atacar el consumo en los mercados de EE. UU. y Europa.
Le puede interesar: María José Pizarro lanzó fuertes críticas a congresistas
