La propuesta del presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, de trasladar más de 45.000 afiliados de alto riesgo y sus recursos desde los fondos privados hacia el sistema público, abrió un fuerte debate sobre la legalidad de la medida, su impacto en la confianza del sistema pensional y la sostenibilidad financiera del país.
DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD
La controversia en torno a la reforma pensional dio un nuevo giro tras las declaraciones del presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, durante el foro “¿Cuáles son las reformas que necesita Colombia?”. El funcionario exigió que los fondos privados de pensiones transfieran a más de 45.000 trabajadores de alto riesgo —entre ellos bomberos, guardianes de cárceles y mineros— junto con sus ahorros acumulados, que ascenderían a unos $9 billones.
“Los fondos privados de pensiones se quedaron con la gente de alto riesgo en una equivocación con la alcahuetería del Gobierno. La gente de alto riesgo no puede estar afiliada a los fondos privados”, aseguró Dussán, quien calificó el traslado como una corrección necesaria para fortalecer el Pilar Solidario de la reforma pensional y aliviar la carga fiscal del Estado.
Según explicó, con estos recursos se podrían financiar bonos de $300.000 mensuales para tres millones de adultos mayores que nunca recibieron un apoyo pensional, monto que además crecería cada año conforme al salario mínimo o el IPC. El presidente de Colpensiones insistió en que ya se hizo una solicitud formal a los fondos privados y que la Superintendencia Financiera, bajo la dirección de César Ferrari, deberá facilitar el proceso.
Antecedentes legales del traslado de afiliados
La propuesta no surge en el vacío. En 2003, un decreto ley abrió la posibilidad de que los trabajadores de alto riesgo se trasladaran a Colpensiones bajo condiciones especiales. Jerome Sanabria, líder de la plataforma “No con mi Ahorro”, recordó que los empleadores de este grupo deben cotizar un 10% adicional sobre el 16% habitual, lo que incrementa significativamente el ahorro de quienes trabajan en estas actividades.
“Ese decreto les abría una ventana para que se pudieran trasladar a Colpensiones en un lapso de tres meses. Sin embargo, muchos no lo hicieron por desconocimiento o porque no les convenía. Los requisitos de pensión para este grupo son 700 semanas de cotización exclusiva en labores de alto riesgo y 55 años de edad, lo que no todos alcanzan. En esos casos, la devolución de ahorros en un fondo privado puede resultar más beneficiosa”, explicó Sanabria.
Esto explica por qué varios trabajadores prefirieron permanecer en fondos privados, donde eventualmente podrían recibir de vuelta la totalidad de sus aportes, en lugar de asumir el riesgo de no completar los requisitos exigidos por Colpensiones.
Críticas a la propuesta de Dussán
El anuncio encendió alarmas en distintos sectores. Sanabria advirtió que la medida podría vulnerar principios de la Ley 100, en particular el de la libertad de elección y el derecho a recibir doble asesoría antes de cualquier traslado. “Aquí no se está proponiendo asesoría alguna, sino un traslado forzoso que puede perjudicar a muchos afiliados”, afirmó.
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Kevin Hartmann, otro experto en seguridad social, cuestionó la capacidad de Colpensiones para administrar estos recursos y atender las pensiones de este grupo de trabajadores. “Antes de preocuparse por esos recursos, el presidente de Colpensiones debería empezar por reconocer y pagar la pensión de los trabajadores del Cerrejón que su propia entidad les negó a punta de leguleyadas”, criticó en la red social X.
Sanabria fue más allá al catalogar la iniciativa como una expropiación directa del ahorro de los afiliados. “Con el dinero que pide, dice que se financiará el Pilar Solidario, pero ese dinero pertenece a las personas que cotizaron, no al Estado. Esto no es más que apropiarse de sus ahorros bajo otro nombre”, sostuvo.
Un debate con implicaciones mayores
El choque entre Colpensiones y los fondos privados se da en un momento decisivo: la reforma pensional del gobierno Petro está bajo revisión de la Corte Constitucional, y cualquier decisión puede alterar el panorama de la seguridad social.
La exigencia de Dussán pone sobre la mesa un dilema de fondo: garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones o respetar la autonomía de los afiliados en los fondos privados. Mientras unos ven en la medida una corrección histórica para proteger a los trabajadores de alto riesgo, otros la perciben como un precedente riesgoso que mina la confianza en las reglas del sistema.
En últimas, el pulso por los $9 billones no solo involucra cifras astronómicas y debates técnicos, sino también la confianza de millones de colombianos en que sus ahorros para la vejez no se conviertan en un botín de disputas institucionales.
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