El incremento del 20% en la contribución sobre el costo de la energía eléctrica genera alerta en gremios y empresarios. Aunque el Gobierno busca recaudar $1,2 billones, expertos advierten que la medida reducirá la competitividad y terminará golpeando el bolsillo de los ciudadanos.
DIARIO DEL HULA, CONTEXTO
El 25 de agosto de 2025, el Gobierno de Gustavo Petro, a través del Ministerio de Hacienda, presentó para comentarios un decreto que propone incrementar en un 20% el costo de la energía eléctrica aplicada a diversas actividades económicas. La iniciativa busca recaudar $1,2 billones como parte de la regulación de los parágrafos 2° y 3° del artículo 211 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 1430 de 2010.
Aunque el Gobierno ha planteado esta medida como necesaria para fortalecer las finanzas públicas, de inmediato se desató un fuerte debate en el país. La propuesta excluye a los sectores manufactureros, pero afecta directamente a otros sectores industriales y comerciales que ya enfrentan altos costos de producción.
Según Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), el impacto es evidente: una empresa que hoy paga $1.000.000 en su factura de energía tendría que pagar $1.200.000, lo que encarece de manera directa su operación. Este incremento, advierten los gremios, no solo golpeará a las empresas sino que terminará trasladándose al consumidor final.
Puede leer: Icetex lanzó becas del 70% y 100% en maestrías online
Reacciones gremiales y críticas a la regulación
La Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía), en cabeza de su directora ejecutiva Sandra Fonseca, fue una de las primeras en reaccionar. A través de una carta enviada al ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, la organización calificó la medida como “una muestra de incapacidad regulatoria para establecer tarifas justas” y alertó sobre sus efectos negativos en la competitividad del país.
Fonseca sostuvo que la contribución adicional es regresiva porque impacta a las empresas directamente y, en consecuencia, a todos los consumidores. “La intención del Gobierno de aumentar en 20% la contribución de los usuarios industriales, diferentes a los manufactureros, es una manifestación de la incapacidad regulatoria de determinar tarifas justas”, enfatizó.
El gremio advierte que esta decisión no ataca el problema de fondo: el crecimiento desproporcionado de las tarifas de energía en Colombia.
El costo unitario de la energía en Colombia
Asoenergía presentó un análisis que muestra la magnitud del incremento en los últimos años. En 2020, el costo unitario promedio de la energía eléctrica era de $491,7 por kilovatio (kWh), mientras que en 2025 se proyecta en $789,46 kWh, lo que representa una variación del 60,5%.
Este aumento ha tenido un efecto directo en los subsidios que el Gobierno Nacional destina a los estratos 1, 2 y 3. Mientras en 2020 se asignaron $2,8 billones, para 2025 la cifra asciende a $5,1 billones. Según Asoenergía, el crecimiento de las tarifas ha presionado tanto los subsidios como las contribuciones, haciendo que la carga sea más pesada para los consumidores.
Riesgos para la competitividad
La preocupación de los empresarios no es menor. Colombia se ha convertido en uno de los países con la energía más costosa para la industria en América Latina. De acuerdo con Asoenergía, el costo promedio es de USD 0,213 por kWh, muy por encima del promedio regional de USD 0,150.
En la comparación internacional, Colombia queda en clara desventaja frente a competidores directos como Brasil (USD 0,115), Perú (USD 0,136) y Argentina (USD 0,103). Esta situación, advierte Fonseca, debilita la capacidad exportadora del país y al mismo tiempo facilita la entrada de productos importados más baratos desde mercados como China, Rusia, Perú o Turquía.
“Reducirá la competitividad de la industria del país de cara a las exportaciones y, de igual manera, frente a las importaciones de productos más baratos”, señaló.
Llamado a la Creg y advertencia sobre el futuro
Ante este panorama, Asoenergía solicitó a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) intervenir de manera inmediata. El gremio pide que se ajusten las fórmulas tarifarias, se cumplan los plazos establecidos y se apliquen criterios de eficiencia. Además, exige que se promuevan inversiones oportunas y se revisen los subsidios para evitar que los consumidores carguen con un peso cada vez mayor.
“La Nación debe evitar decisiones irreflexivas que retrasan el crecimiento y desincentivan la inversión. Este tipo de medidas ponen en riesgo la productividad y el empleo”, advirtió Fonseca.
Una medida con efectos sobre los ciudadanos
Aunque el decreto está en fase de comentarios, lo cierto es que ya generó gran incertidumbre en los sectores productivos. Y la preocupación no se limita a las empresas. Como lo han advertido los gremios, cualquier aumento en los costos de producción inevitablemente se reflejará en el precio de los bienes y servicios, lo que significa que el ciudadano de a pie también asumirá el impacto en su bolsillo.
El futuro de la propuesta dependerá de la discusión que se dé en el Congreso y de las decisiones que tomen los entes reguladores. Por ahora, lo claro es que el debate está abierto y que la energía, un insumo esencial para la economía, se mantiene en el centro de las tensiones entre el Gobierno, los empresarios y los consumidores.
Puede leer: Inflación en Colombia repunta y llega al 5,10 % anual en agosto
