Por primera vez en su historia, Colombia ocupa un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
La ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia Torres, encabezó la intervención del país en el 58° Periodo de Sesiones del Consejo, resaltando la importancia del multilateralismo y la necesidad de abordar los desafíos actuales con un enfoque basado en la protección de los derechos humanos.
«Para Colombia es un honor estar hoy sentada como miembro, por primera vez en su historia, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Habiendo participado activamente en su diseño a principios de este siglo, ya era hora de participar de manera contundente en el foro multilateral que aborda una temática determinante para el gobierno del presidente Gustavo Petro», afirmó la canciller.
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Colombia defiende un enfoque humanitario en política migratoria
Uno de los temas centrales en la intervención de la canciller fue la migración, una de las crisis más urgentes del mundo actual. Sarabia instó a la comunidad internacional a rechazar la criminalización de los migrantes y a garantizar su protección bajo los estándares internacionales de derechos humanos.
«En todos los rincones del mundo el trato a los y las migrantes se debe regir por los estándares internacionales de derechos humanos. Ser migrante no es ser un criminal», enfatizó.
La ministra también advirtió sobre el peligro de discursos que asocian la migración con la criminalidad, argumentando que estos pueden convertirse en la base de políticas restrictivas y discriminatorias. En este sentido, Colombia propuso medidas para contrarrestar estas narrativas y fortalecer la protección de los derechos de los migrantes.
Como referencia, la canciller presentó el modelo de Colombia en la gestión de la migración, subrayando que, a pesar de los retos, el país ha apostado por una política de integración, regulación e inclusión.
«Hemos optado por diseñar una política de integración, regulación e inclusión de la población migrante. La base del éxito de esta política es reconocer que los y las migrantes tienen dignidad y que sus derechos humanos deben ser irrestrictamente respetados, sin importar su situación legal», explicó Sarabia.
En los últimos cinco años, Colombia ha regularizado a más de 2,5 millones de extranjeros, garantizándoles acceso a servicios esenciales como salud, educación, empleo y seguridad social.
Otro de los puntos clave de la intervención colombiana fue el compromiso con la justicia climática y la protección de las poblaciones más vulnerables. Sarabia indicó que Colombia trabajará dentro del Consejo para reconocer la crisis climática como un desafío de derechos humanos.
«La protección de los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables y marginadas está ligada a medidas eficaces de mitigación y adaptación, que deben garantizar tanto la justicia climática como la dignidad humana», expresó la canciller.
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