Ya el pasado 13 de noviembre del presente año, la Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate el proyecto de ley de reforma, que busca reducir la impunidad, garantizar una justicia penal más pronta y eficaz que se ajuste a las necesidades de los ciudadanos y asegurar en todo momento los derechos de las víctimas.
La iniciativa es producto de un proceso de discusión y concertación con distintos sectores para lograr un articulado que propone cambios estructurales, mediante los cuales se restituye el equilibrio del Sistema Penal Oral Acusatorio, se disminuyen los tiempos de los procesos y se optimiza el funcionamiento del aparato judicial.
Apoyo a la reforma
Ahora se conoció que Margarita Cabello, procuradora General de la Nación, se sumó a la voz de apoyo al proyecto de reforma a la justicia que actual cursa en el Congreso de la República.
La funcionaria resaltó que esta iniciativa, tiene el potencial no solo transformar el sistema de justicia penal, sino también de fortalecer los pilares del Estado de Derecho y garantizar un acceso a la justicia más equitativo y efectivo para los colombianos.
Para la abogada, el desafío ahora está en «traducir estas promesas en realidades tangibles, en un sistema que sirva como ejemplo de eficiencia, respeto por los derechos y compromiso con la justicia».
Le puede interesar: https://staging.diariodelhuila.com/en-iquira-esta-el-mejor-colegio-en-las-pruebas-saber/
Cambios sin perjuicios
Cabello Blanco, agregó que el país debe de ser consciente de los retos que implica su implementación. «Un control riguroso será indispensable para garantizar que los mecanismos de justicia premial y la reparación integral cumplan su propósito sin desvirtuar los principios que lo sustentan».
Según la funcionaria este el camino para «evitar desviaciones o abusos que puedan socavar el impacto transformador que este proyecto pretende alcanzar».
La procuradora, agregó que este proyecto de ley que nació de la Rama Judicial, es un paso decidido hacia la modernización del sistema de justicia penal en Colombia.
Una justica ágil
«Con su enfoque en la descongestión judicial y penitenciaria, a través del fortalecimiento de herramientas como la justicia premial, los preacuerdos y la reparación integral. Esta iniciativa no solo agiliza la administración de justicia, sino que reafirma el compromiso con los derechos de las víctimas», aseveró.
La profesional del derecho, se mostró positiva, ya que esta iniciativa permitirá «acceder a una reparación pronta y efectiva, lo que contribuye a restaurar la confianza ciudadana en las instituciones judiciales».
Asimismo, indicó que desde la Procuraduría, se valora el propósito planteado de restaurar el equilibrio y los fines del sistema acusatorio, impulsar la emisión oportuna de decisiones judiciales y garantizar a las víctimas el acceso a la justicia y a una reparación integral, pues se alinea con los principios de una política criminal racional, proporcional y necesaria.
Posteriormente, concluyó que desde el ente de control se ha asumido un rol activo y propositivo, promoviendo la construcción de un sistema penal más justo, eficiente y respetuoso de los derechos fundamentales. «En los últimos cuatro años, participamos en más de 100 sesiones del Comité Técnico de Política Criminal».
Aprobaron el proyecto
En este sentido, el pasado mes de noviembre, la Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate el proyecto de ley de reforma que busca reducir la impunidad, garantizar una justicia penal más pronta y eficaz que se ajuste a las necesidades de los ciudadanos y asegurar en todo momento los derechos de las víctimas.
A su turno, el senador Ariel Ávila, partido Alianza Verde, uno de los ponentes, manifestó que esta reforma busca abreviar el paso por el sistema judicial, restaurar el equilibrio y los fines del sistema acusatorio, también, estimular la emisión temprana y oportuna de decisiones judiciales de los mecanismos de terminación anticipada.
“Busca garantizar los derechos de las víctimas a la reparación integral y justicia. En el sistema jurídico colombiano más del 70% es cifra negra, está colapsado por el 25% de los delitos que llegan al sistema” y agregó, “nuestro sistema penal acusatorio que empezó a regir desde el 2004 muy parecido al modelo norteamericano, es adversarial y se basa en una justicia negociada y en la lógica de hacer todo rápido para que le resuelvan rápidamente a los ciudadanos. Hemos tenido 67 reformas hasta hoy”, indicó el político.
Por su parte, el senador German Blanco del Partido Conservador, manifestó que el país está exigiendo una gran reforma integral a la justicia, “lo que se está presentando es una reforma a un articulado a la justicia premial, a la justicia de beneficios, a la negociable, no la vendan como una reforma a la justicia porque estamos equivocados, la reforma es más amplia”, indicó en su intervención.
“Estamos confundiendo capacidad institucional con necesidad social. A mí me sigue dando pena que nosotros beneficiemos a los terroristas en Colombia, un país con la problemática que tiene, la disculpa no puede ser que entonces beneficiemos a quien se acerque a la justicia y nos cuenta una actividad delictiva conexa al terrorismo,”, agregó el político.
Le puede interesar: https://staging.diariodelhuila.com/prohibiciones-y-controles-medidas-para-una-navidad-segura-en-neiva/
A contrarrestar hacinamiento
Asimismo, ya la Procuraduría General de la Nación había requirido a la Gobernación del Huila y a los alcaldes de Neiva, Pitalito, Garzón y La Plata un informe detallado sobre las acciones planteadas en sus respectivos planes de desarrollo para contrarrestar el hacinamiento en las estaciones de Policía y centros de detención transitoria de sus jurisdicciones.
Así lo solicitó la Procuraduría Regional de Instrucción del Huila a los mandatarios regionales, durante una mesa de trabajo en la que se analizó la situación penitenciaria del departamento, tras el intento de fuga registrado en el centro de reclusión transitorio ubicado en el barrio Alpina de la comuna seis, en Neiva.
En la reunión, el órgano de control también solicitó a los mandatarios indicar los recursos destinados para el mejoramiento o restructuración de las sedes donde permanecen las personas privadas de la libertad, o en su defecto para comprar o arrendar inmuebles que permitan su reubicación.
En este sentido, el Ministerio Público solicitó a los directores de las cárceles de esos municipios adoptar las medidas pertinentes que les permita recibir a quienes ya se encuentran condenados y aún permanecen en las estaciones de Policía o centros transitorios, pues esa medida permitiría reducir el hacinamiento que se registra en la actualidad.
Panorama local
Ahora, en el plano local, la cárcel de Rivera se encuentra en una situación de hacinamiento. Actualmente, alberga a 1,422 internos, una cifra que supera con creces su capacidad oficial de 980. Este sobrecupo no solo genera un ambiente tenso, sino que también plantea serios retos logísticos para la administración penitenciaria. La alta densidad poblacional dificulta el control y la supervisión, incrementando la posibilidad de conflictos internos y la propagación de enfermedades.
A pesar de que la situación de hacinamiento persiste, se ha observado una disminución en las cifras. En particular, el centro de detención de las antiguas bodegas de Alpina, que cuenta con una capacidad para 100 personas, reporta hasta 400 PPL en el segundo trimestre del año. Sin embargo, actualmente esta cifra se ha reducido a 256, lo que representa una mejora significativa.
Tanto en la cárcel de Rivera como en los centros transitorios de Neiva, la infraestructura es un tema crítico. Las instalaciones, que en muchos casos son inadecuadas y obsoletas, no solo afectan a los internos, sino también a los funcionarios encargados de la supervisión y el control. En la actualidad, se han identificado deficiencias significativas en áreas como el acceso a agua potable, la calidad de la alimentación y las instalaciones sanitarias.
