Con el inicio del calendario escolar, miles de estudiantes regresan a las aulas bajo las normativas establecidas en los manuales de convivencia de cada institución.
Sin embargo, no todas las reglas que imponen los colegios están alineadas con los derechos fundamentales de los estudiantes, y algunas podrían desencadenar problemas legales para las instituciones educativas.
Cada colegio tiene la libertad de establecer sus propias normas de convivencia, siempre y cuando no vulneren los derechos constitucionales de los estudiantes. Sin embargo, con el regreso a clases, varios influencers y firmas de abogados han comenzado a destacar la importancia de que padres y estudiantes conozcan qué regulaciones pueden o no imponerse dentro de las instituciones.
En este contexto, ciertas restricciones tradicionales han sido objeto de debate en redes sociales y en la comunidad académica, ya que podrían considerarse inconstitucionales y exponer a las instituciones a sanciones legales. La implementación de estas normas podría resultar en actos de discriminación o vulneración del derecho a la educación.
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El abogado Jackson Peláez, de la firma JPelaez y Abogados, explicó a través de su cuenta de TikTok que existen dos restricciones que las instituciones educativas no pueden imponer a sus estudiantes, ya que contravienen principios constitucionales.
“Primero, no les pueden prohibir que vayan a estudiar con piercing y, si es niño, que vaya con el cabello largo, así estén estipuladas en el manual de convivencia, porque va la Constitución Política y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos ante cualquier regulación que intenten hacer”, explicó Peláez.
La segunda restricción que los colegios no pueden imponer es negar el acceso a clases a los estudiantes que no usen el uniforme completo. Según el abogado, “las instituciones educativas públicas o privadas no podrán impedir el ingreso a clases de los estudiantes porque no llevan los tenis del colegio, porque usted no tuvo dinero para comprárselos, o en un momento no pudo comprarle el uniforme y le tocó enviarlo con ropa”. En este caso, la negativa de ingreso atentaría contra el derecho a la educación de los menores.
Ante estas situaciones, si una institución educativa prohíbe el ingreso de un estudiante por alguna de estas razones, los padres de familia pueden recurrir a la Personería de su respectiva ciudad y solicitar ayuda para interponer una acción de tutela.
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