Los cuatro puentes internacionales que conectan el Norte de Santander con el estado Táchira en Venezuela permanecen cerrados. La única excepción son los corredores humanitarios habilitados para ciudadanos venezolanos que necesitan atención médica en Colombia.
Esta medida ha generado un impacto económico inmediato: el gremio Onero estima que la región pierde alrededor de 2 millones de dólares diarios en intercambio comercial.
Pero el efecto más preocupante va más allá de lo económico. Hoy, Venezuela celebra elecciones locales y una consulta popular, un proceso que, según dirigentes políticos, podría desatar una nueva ola migratoria hacia Colombia.
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El diputado del estado Táchira, Fredy Kelly, expresó que “cada día los venezolanos pierden la esperanza”, y señaló que, si los resultados no reflejan un cambio real, muchas personas volverán a migrar en busca de mejores condiciones de vida.
La frontera, que en otros momentos ha sido escenario de tensión, ahora muestra un panorama desolador. La gente teme los resultados y, ante una posible manipulación electoral, muchos ya preparan su salida. La situación también pone en evidencia la fragilidad del control migratorio en la zona y la necesidad de respuestas institucionales coordinadas.
Zona económica binacional
En medio de esta coyuntura, Colombia y Venezuela siguen avanzando en el proyecto de una zona económica binacional. La propuesta incluye inicialmente a Táchira y Zulia en Venezuela, y a Norte de Santander en Colombia, con posibilidades de expandirse a La Guajira y Cesar. El objetivo es impulsar beneficios económicos, comerciales y sociales en la región.
Congresistas del Pacto Histórico defienden la idea como una vía para fomentar la identidad binacional y disminuir el impacto del crimen transfronterizo. Incluso el presidente Nicolás Maduro ha respaldado la propuesta, esperando convertir toda la frontera en un corredor de inversión y cooperación.
Sin embargo, figuras como el expresidente Álvaro Uribe han criticado duramente la iniciativa, acusando al gobierno colombiano de entregarle territorio a la “tiranía de Maduro”. También hay voces que alertan sobre el posible uso de esta zona para legitimar redes ilegales.
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