El rincón de Diana
Por: Diana Montes
Recientemente, la Corte Constitucional de Colombia, ha ordenado al Gobierno Nacional pagar las deudas pendientes a las entidades de salud, lo cual marca un hito crucial en la búsqueda de la estabilidad financiera del sistema de salud del país. Esta medida no solo busca garantizar la continuidad de los servicios de salud, sino también asegurar que los proveedores y trabajadores del sector reciban sus pagos a tiempo.
La Unidad de Pago por Capitación (UPC, que financia el Plan de Beneficios) y los presupuestos máximos (que financian las enfermedades que están por fuera del Plan de Beneficios) son los pilares de la financiación del sistema de salud colombiano. La Corte Constitucional, mediante los autos 2049 de 2024 y 007 de 2025, ha dejado claro que los recursos asignados para estos rubros en años anteriores no fueron suficientes. Esta insuficiencia ha generado una crisis financiera que afecta tanto a las EPS, como a los hospitales, clínicas y proveedores de medicamentos.
Aunque al principio el Ministerio de Salud anunció que acataría las órdenes de la Corte y pagaría el billón de pesos adeudados a las entidades de salud, en la tarde del miércoles radicó una petición de nulidad de los autos que ordenan esos pagos, por violaciones al debido proceso y a la falta de competencia de la Corte para dirimir este pleito.
Esto nos lleva a una situación de choque de trenes, que ya hemos visto anteriormente: el Ejecutivo y la Rama Judicial se enfrentan. Aunque el Ministerio tiene derecho a presentar los recursos que le permite el ordenamiento jurídico, no debe caber ninguna duda en que las decisiones de la Corte deben cumplirse, así no gusten a los gobiernos de turno. En últimas, se trata del bienestar de los usuarios del sistema de salud, que se ven afectados por una crisis financiera que ha provocado el Gobierno Nacional con su negativa a entregarle a los actores del sector los recursos que les corresponde por ley.
