Congresistas del partido opositor enviaron una carta a la Procuraduría solicitando que Augusto Rodríguez, actual director de la Unidad Nacional de Protección, sea suspendido mientras avanza la investigación disciplinaria en su contra. Argumentan negligencia frente al atentado contra el senador Miguel Uribe y omisiones en la atención de solicitudes de seguridad.
DIARIO DEL HUILA, NACIONAL
La controversia alrededor de la gestión de la Unidad Nacional de Protección (UNP) sumó un nuevo capítulo. Cuatro congresistas del Centro Democrático solicitaron a la Procuraduría General de la Nación que considere suspender de manera provisional a su director, Augusto Rodríguez Ballesteros, mientras se desarrolla la investigación disciplinaria en su contra.
La petición fue formalizada en una carta dirigida al procurador general, Gregorio Eljach, firmada por la senadora Paloma Valencia y los representantes a la Cámara José Jaime Uscátegui, Juan Espinal y Carlos Edward Osorio. En el documento, los legisladores argumentan que la permanencia de Rodríguez en el cargo podría afectar la transparencia del proceso y comprometer la confianza ciudadana en la institución.
El trasfondo de la solicitud
La polémica tiene como telón de fondo el atentado que, hace dos meses, cobró la vida del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe. El hecho, que conmocionó al país, reabrió el debate sobre la eficacia y capacidad de la UNP para atender las solicitudes de seguridad de dirigentes políticos y sociales en riesgo.
Según los congresistas, hubo omisiones graves en la atención a las alertas presentadas por Uribe. Para ellos, esta supuesta negligencia de la UNP derivó en una vulneración de las garantías de protección que, de haberse cumplido a cabalidad, podrían haber prevenido la tragedia.
“El procurador debe garantizar la transparencia de la investigación y la búsqueda de la verdad plena detrás del atentado. Han pasado más de dos meses desde los hechos y no es aceptable que la negligencia quede sin consecuencias”, afirmó el representante Uscátegui al explicar la solicitud.
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Riesgos en curso
Los parlamentarios advirtieron que las fallas en la atención de solicitudes de seguridad no se limitan al caso de Miguel Uribe. Recordaron también el reciente atentado contra el representante a la Cámara Julio César Triana, en el Huila, como ejemplo de que las amenazas persisten y que los líderes políticos siguen expuestos a un escenario de vulnerabilidad.
En la misiva enviada a la Procuraduría se lee: “Consideramos que la permanencia en el cargo del actual director de la UNP puede afectar el curso normal de la investigación, comprometer la confianza ciudadana en la institución y, lo más grave, poner en mayor vulnerabilidad a los beneficiarios de esquemas de protección, quienes requieren la certeza de que sus solicitudes son atendidas con la debida diligencia”.
Por ello, invocaron el principio de precaución y la protección del interés público, pidiendo que, como medida cautelar, se disponga la suspensión de Rodríguez mientras se esclarecen los hechos.
La defensa de Augusto Rodríguez
En medio de las críticas, el director de la UNP defendió la gestión de la entidad y aseguró que se están cumpliendo las funciones de protección con los recursos disponibles.
Durante un encuentro sostenido con representantes de partidos políticos, en el que también participaron los ministros de Defensa e Interior, así como los presidentes del Congreso, Rodríguez reiteró el compromiso de la institución con la seguridad de los protegidos.
“En esta campaña, con lo que tenemos, estamos cumpliendo con las necesidades de protección. En este momento estamos haciendo todo lo que nos corresponde. Estamos explorando la posibilidad de conseguir vehículos a través de la intermediación de las Fuerzas Militares. Vamos a estudiar eso y hablaremos con el Ministerio de Hacienda para la financiación”, afirmó.
El funcionario insistió en que, pese a las limitaciones presupuestales y logísticas, la UNP está trabajando para reforzar los esquemas de protección y dar respuesta a las crecientes amenazas que enfrentan figuras políticas y sociales.
Un pulso político y jurídico
El pedido del Centro Democrático abre un pulso político en torno al futuro de la UNP y al manejo de la seguridad en el actual contexto electoral. Mientras la Procuraduría analiza si procede la suspensión solicitada, el caso se convierte en un nuevo foco de debate sobre la capacidad del Estado para brindar garantías a quienes se encuentran en riesgo por su labor pública o liderazgo social.
El desenlace de esta controversia será clave no solo para definir la permanencia de Rodríguez en el cargo, sino también para medir la confianza en las instituciones encargadas de la protección de la vida y la integridad de líderes políticos en un país que sigue atravesado por la violencia y la amenaza constante.
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