La juez Sandra Heredia definirá este 28 de julio si el expresidente Álvaro Uribe Vélez es absuelto o condenado por los delitos de soborno, fraude procesal y soborno a testigos. La decisión será solo el primer paso de un largo camino judicial que podría terminar en casación, si no se impone antes la prescripción.
DIARIO DEL HUILA, ANALISIS
Este lunes 28 de julio, a las 8:30 a. m., el país volverá a enfocar su atención en el complejo judicial de Paloquemao, en Bogotá, donde la juez 44 Penal del Circuito, Sandra Heredia Aranda, leerá el sentido del fallo contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en lo que muchos han denominado el “juicio del siglo” en Colombia.
El exmandatario, de 73 años, enfrentará una decisión que podría marcar no solo su destino judicial, sino también el clima político en un año preelectoral. Uribe, líder del partido Centro Democrático, es acusado de presunto soborno, fraude procesal y manipulación de testigos en un caso que se remonta al 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia archivó una denuncia suya contra el senador Iván Cepeda y lo señaló a él como posible responsable de presionar a testigos para cambiar versiones.
Aunque se espera que Uribe siga la audiencia de manera presencial, su abogado principal, Jaime Granados, lo hará de forma virtual, por encontrarse fuera del país.
Complejo judicial de Paloquemao, epicentro del llamado “juicio del siglo” en Colombia.
Un proceso con múltiples caminos
La decisión de la juez Heredia no será definitiva. Se trata de un fallo de primera instancia, susceptible de apelación por parte de cualquiera de las partes involucradas. En caso de condena, la juez leerá el fallo completo, incluidos los argumentos y la pena, durante la primera semana de agosto. Si hay absolución, la fiscal del caso, Marlene Orjuela, y las víctimas reconocidas –entre ellas el senador Iván Cepeda y el actual ministro de Justicia, Eduardo Montealegre– podrían apelar de inmediato. En el caso contrario, la defensa de Uribe hará lo propio.
La apelación debe ser sustentada dentro de los cinco días hábiles siguientes a la decisión, y luego los no recurrentes tendrán cinco días adicionales para responder. Una vez cumplidos esos pasos, el expediente pasará al Tribunal Superior de Bogotá, que evaluará si confirma o revoca el fallo de primera instancia.
Ambas partes –el abogado Granados y el representante de víctimas Miguel Ángel del Río– coinciden en que la causa podría llegar nuevamente a la Corte Suprema de Justicia, si se cumplen las condiciones legales.
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El tiempo como factor clave: la prescripción
Uno de los elementos más delicados del caso es la prescripción. Según ambas partes, el proceso prescribe el 16 de octubre de este año, aunque algunos cálculos apuntan al día 24. Si para entonces no hay una decisión definitiva en segunda instancia, el caso quedaría cerrado por vencimiento de términos, sin que haya condena ni absolución en firme.
En caso de que la segunda instancia emita un fallo antes de esa fecha, y si es condenatorio, se abrirían otras dos vías: la casación ante la Corte Suprema, o la solicitud de doble conformidad si hay contradicción entre la primera y la segunda instancia.
“En ese escenario, si hay condena en segunda instancia y fue absuelto en la primera, debe haber revisión por parte de la sala de casación de la Corte Suprema”, explicó Jaime Granados. De darse una doble condena, cualquiera de las partes podría solicitar casación, para lo cual la Corte tendría hasta cinco años para decidir.
Jaime Granados, abogado defensor de Uribe, insiste en la inocencia del expresidente.
¿Uribe en libertad?
Otro de los puntos clave es la libertad del expresidente. Tanto su defensa como penalistas consultados coinciden en que, hasta que no haya un fallo firme, Uribe continuará en libertad. Solo si ambas instancias lo condenan, se podría solicitar una medida de detención preventiva, lo cual aún es hipotético.
La defensa ha sido enfática en que Uribe no cometió ningún delito. “Nunca dio instrucciones para presionar testigos ni ofreció dádivas”, sostiene Granados. Además, insiste en que las pruebas en su contra –como interceptaciones telefónicas o grabaciones hechas por el testigo Juan Guillermo Monsalve con un reloj espía– carecen de validez o han sido manipuladas.
Una historia judicial de más de 18 años
Este caso tiene sus orígenes en el año 2006, cuando comenzaron a circular versiones de que paramilitares habían sido presionados para testificar en contra de Uribe y su hermano Santiago. En 2012, Iván Cepeda fue acusado por Uribe de buscar testigos en cárceles, lo que llevó a la apertura de una investigación que, en 2018, dio un giro inesperado: se archivó el caso contra Cepeda y se abrió uno contra el expresidente.
Desde entonces, el caso ha pasado por la Corte Suprema, la Fiscalía General de la Nación y ahora por la justicia ordinaria. Y aunque ha habido controversias, como la interceptación del celular de Uribe –que su defensa califica como “ilegal”–, las autoridades judiciales han mantenido el expediente en curso.
Este lunes, la juez Heredia marcará un hito en un proceso que, a pesar de su duración y complejidad, todavía está lejos de llegar a su fin. La cuenta regresiva hacia la prescripción ya empezó.
Apoyos políticos en medio del proceso
Desde distintos sectores políticos, la defensa del expresidente ha recibido respaldo. La senadora María Fernanda Cabal publicó en su cuenta de X (antes Twitter):
El mensaje fue interpretado por analistas como una forma de presionar al aparato judicial y cuestionar la imparcialidad del proceso.
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