En el marco del proceso judicial que involucra al expresidente Álvaro Uribe Vélez, hallado culpable en primera instancia por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, el abogado penalista Jesús Antonio Marín entregó un análisis detallado del fallo, en entrevista con Diario del Huila.
El jurista, con una amplia trayectoria en el sistema judicial colombiano —juez superior penal, juez del circuito, fiscal delegado ante la Corte Suprema y docente universitario— advirtió que la lectura del sentido del fallo realizada días atrás por la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda no se limitó al anuncio de culpabilidad o inocencia, como lo exige la ley, sino que se extendió por casi 12 horas con lo que calificó como una “lectura anticipada de la sentencia”.
Según Marín, esa extensión constituye un vicio de forma en el proceso: “El sentido del fallo debe ser un resumen breve y motivado. Lo que ocurrió fue una lectura casi completa de la sentencia, lo cual no es procedente”.
A juicio del abogado, el punto más crítico del caso está relacionado con una prueba considerada clave por la jueza: unas interceptaciones telefónicas. “En mi sentir, es una prueba ilícita. No ilegal, ilícita, porque afecta derechos fundamentales como la intimidad”, afirmó, al señalar que al no haberse autorizado expresamente esa interceptación al expresidente Uribe, su uso transgrede el artículo 29 de la Constitución Política.
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Marín explicó que el principio del “el fruto venenoso producto de árbol ponzoñoso«, debería invalidar no solo la interceptación en sí, sino toda la cadena probatoria que de ella se derive. “La juez, al considerar esa prueba como válida, desestabiliza el orden jurídico no solo colombiano, sino internacional”.
En cuanto a lo que se espera del fallo definitivo, el penalista aseguró que no prevé sorpresas, salvo la pena exacta que será impuesta. La Fiscalía solicitó nueve años de prisión, y la jueza ya anticipó que se tratará de una condena de prisión domiciliaria. Según su análisis, la pena podría oscilar entre 9 y 12 años.
El abogado también indicó que, a su juicio, existía una “duda razonable” suficiente para haber emitido un fallo absolutorio. Más cuando se tienen pruebas antagónicas de la Fiscalía y de la defensa: “De tal manera que lo más probable que hubiera ocurrido era que habría surgido una duda razonable que llevaría a una convicción de un sentido de fallo de no culpabilidad y, por lo tanto, de una sentencia absolutoria”, agrega.
Finalmente, recordó que contra la sentencia condenatoria caben recursos, y será la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá la que deberá resolver, en segunda instancia, si confirma o revoca la decisión.
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