El documento, publicado en la noche de este viernes en la plataforma SECOP, será con la Imprenta Nacional. Diversos sectores cuestionan la forma en la que se hizo el convenio.
Redacción WEB
En un movimiento sorpresivo y sin anuncios oficiales, la Cancillería colombiana firmó y publicó la noche del viernes 18 de julio un convenio interadministrativo con la Imprenta Nacional para asumir la producción y personalización de los pasaportes y etiquetas de visa colombiana. La decisión, que fue divulgada en la plataforma Secop, llega en medio de un ambiente de incertidumbre y a tan solo un mes y 10 días de que finalice el actual contrato con la firma privada Thomas Greg & Sons, que expira el próximo 31 de agosto.
El documento establece que el objetivo del acuerdo es “aunar esfuerzos administrativos y técnicos para la implementación del nuevo modelo del servicio de pasaporte”. La Imprenta Nacional será responsable de la producción, personalización, custodia y entrega de los documentos en las sedes designadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores. La duración del convenio es ambiciosa: tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2034.
Controversias
Aunque el presidente Gustavo Petro había dado la orden de replantear el modelo y buscar una alternativa pública a la actual concesión, la forma en que se concretó la transición ha generado controversia. En primer lugar, el convenio fue firmado no por la canciller Rosa Villavicencio, sino por Elvira Mercedes Salazar, secretaria general encargada del Ministerio, y por Alba Viviana León, gerente general de la Imprenta Nacional.
En el documento se asegura que la Imprenta Nacional “ha certificado que posee la capacidad técnica y operativa para desarrollar el objeto del presente convenio”, afirmando que se ha elaborado un cronograma conforme a estándares internacionales. Sin embargo, esa afirmación contrasta con advertencias previas de la ex canciller Laura Sarabia y miembros de su equipo, quienes habían manifestado reservas sobre la capacidad de la Imprenta para atender la alta demanda de pasaportes, una tarea que hasta ahora había estado en manos de un operador privado especializado.
Sin presupuesto definido
Otro aspecto que genera inquietud es que el convenio no incluye un presupuesto definido: según lo estipulado, para cada vigencia fiscal las entidades deberán apropiar los recursos necesarios para cubrir los contratos derivados. Además, el texto aclara que, aunque la Imprenta liderará el proceso, podrá “seleccionar aliados” para la producción, personalización y distribución, lo que abre la puerta a nuevas subcontrataciones cuyo alcance aún no está claro. En el documento no se menciona a ningún proveedor extranjero, desmintiendo versiones anteriores que hablaban de un acuerdo con Portugal.
El acuerdo contempla que la ejecución tendrá lugar en Bogotá y en los puntos que determine el Fondo Rotatorio, mientras que Migración Colombia y el propio Fondo Rotatorio serán responsables de las funciones complementarias.
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Si bien el Gobierno sostiene que la transición busca recuperar soberanía sobre un servicio esencial, varios miembros de la junta directiva de la Imprenta habían expresado reservas en torno a la rapidez y viabilidad de asumir esta operación. La publicación silenciosa del convenio, un viernes en la noche, alimentó aún más las suspicacias sobre la transparencia y planeación del proceso.
Por ahora, el convenio asegura que la Imprenta tiene la capacidad técnica y un cronograma definido. Pero con el contrato actual con Thomas Greg finalizando en pocas semanas, el país espera respuestas claras sobre si este nuevo modelo garantizará la continuidad, calidad y oportunidad en la expedición de pasaportes, un servicio esencial para millones de colombianos. El embrollo está lejos de resolverse y abre más preguntas que certezas sobre el futuro inmediato de este proceso.
