La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, anunció una demanda judicial contra la Resolución 327 de 2025, que habilita a exjefes paramilitares como Salvatore Mancuso y Jorge 40 como gestores de paz. La medida del Gobierno Petro desató un nuevo pulso político y jurídico en torno a la política de Paz Total.
DIARIO DEL HUILA, POLITICA
La política de Paz Total del presidente Gustavo Petro vive una nueva tormenta. La senadora María Fernanda Cabal, una de las voces más críticas del actual Gobierno y precandidata presidencial por el Centro Democrático, confirmó que interpondrá una demanda de nulidad contra la Resolución 327 de 2025, mediante la cual se designó a 16 exjefes paramilitares como gestores de paz.
En un mensaje publicado en su cuenta de X, Cabal advirtió: “Le anuncio al país que, en defensa del Estado de derecho y de las víctimas del mal llamado paramilitarismo, presentaré demanda de nulidad contra la Resolución 327 de 2025, mediante la cual se designa como gestores de paz a varios exparamilitares”.
La decisión del Ejecutivo, que le otorga un rol institucional a figuras que ya tuvieron protagonismo en la guerra, generó un terremoto político. Para Cabal, se trata de un abuso de poder que desconoce la letra de la ley y reabre heridas aún latentes en las víctimas del paramilitarismo.
“No permitiremos que se revictimice a los colombianos”
La congresista asegura que la Ley de Paz Total no autoriza al presidente para reincorporar como gestores de paz a desmovilizados que ya pasaron por la Ley de Justicia y Paz de 2005. “No permitiremos que, bajo el pretexto de la paz, se revictimice a los colombianos que aún esperan verdad, justicia y reparación”, escribió la senadora, reflejando la inconformidad de amplios sectores de la sociedad.
Nombres que reabren viejas heridas
La polémica no es menor, pues entre los designados figuran excomandantes que representan el rostro más duro de la violencia: Salvatore Mancuso, Jorge Tovar Pupo alias Jorge 40, Hernán Giraldo, Carlos Mario Jiménez alias Macaco y Freddy Rendón alias El Alemán.
Según la resolución, todos ellos deberán presentar un plan de trabajo ante el Ministerio del Interior, entregar informes periódicos y colaborar con procesos de reparación hasta el 6 de agosto de 2026.
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El comisionado de Paz, Otty Patiño, defendió la medida: “El rol de los gestores de paz buscará responder al diagnóstico oficial sobre los avances de cada uno de estos procesos”. A su turno, el ministro del Interior, Armando Benedetti, insistió en que la verdad y la reparación son los pilares de esta política.
Pese a estas explicaciones, la indignación persiste. Para los críticos, poner nuevamente a exjefes paramilitares en posiciones de representación estatal equivale a un retroceso en materia de justicia transicional.
Un choque legal y ético
El núcleo de la controversia radica en los límites de la figura de gestor de paz. Mientras el Gobierno argumenta que es un instrumento para cerrar procesos inconclusos desde 2005, la oposición denuncia que la medida constituye un uso político de la justicia transicional.
Cabal sostiene que, al permitir este “segundo aire” en la política pública, el Ejecutivo no solo erosiona el Estado de derecho, sino que envía un mensaje de impunidad. Según ella, quienes ya recibieron beneficios jurídicos bajo Justicia y Paz no deberían tener nuevas funciones oficiales.
En contraste, el Gobierno asegura que los nombramientos no modifican el estatus jurídico de los excombatientes ni afectan los regímenes de libertad que enfrentan, sino que buscan que su aporte sea tangible en reconciliación y tejido social.
El trasfondo político
El pulso también tiene una dimensión electoral y de gobernabilidad. El presidente Petro enfrenta cuestionamientos por la efectividad de la Paz Total, mientras continúan los hechos de violencia en varias regiones del país. Los nombramientos de exparamilitares se convierten en una apuesta arriesgada que puede interpretarse como un gesto de inclusión o como una concesión injustificable.
El debate revive dilemas que Colombia no ha resuelto en dos décadas: ¿cómo lograr reconciliación sin sacrificar justicia?, ¿hasta dónde se extienden los beneficios a excombatientes?, ¿y dónde quedan las víctimas en este nuevo mapa de acuerdos?
Lo que viene
La demanda anunciada por Cabal abre un nuevo capítulo judicial que pondrá a prueba la legalidad de la decisión del Ejecutivo. Mientras tanto, el país asiste a un escenario en el que la búsqueda de paz choca con la memoria de miles de víctimas que no sienten satisfechas sus demandas de verdad y reparación.
El desenlace dependerá no solo de los tribunales, sino también del pulso político en el Congreso y en la opinión pública, donde la tensión entre justicia y reconciliación sigue marcando la agenda nacional.
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