En noviembre del año pasado, a instancias de las Empresas Públicas de Neiva, se solicitó a los ordenadores del gasto comprometer vigencias para el 2025 para el pago de consultoría que podría costar $5000 millones.
Diario del Huila, Investigación
Carlos Andrés Pérez Trujillo
Desde hace 20 años, luego de que una acción popular fallara a favor de la ciudadanía y ordenara la creación de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, aún no se ha concretado la construcción de esta importante obra para los neivanos, y sobre todo, para el río Magdalena.
Aunque las Empresas Públicas de Neiva, Las Ceibas, a invertido millonarios recursos en consultorías, estas han resultado insuficientes, pues no se ha contado con el avance de una licencia.
En noviembre del año pasado, a instancias de EPN, en reunión de seguimiento a este proyecto y en aras de consolidar un plan de acción (CAM, Cormagdalena, EPN, Alcaldía de Neiva y Gobernación del Huila), se recordó la necesidad de instar a los ordenadores del gasto de cada entidad obligada “de las sumas o recursos económicos que se podrían comprometer en la siguiente vigencia 2025 que permita el cierre financiero necesario, para el pago de consultoría que tiene un valor aproximado de 4000 a 5000 millones de pesos”.
En ese sentido, en reunión de diciembre del año pasado también se señaló en este comité de seguimiento la necesidad de establecer los compromisos de la entidad. En ese sentido, Beatriz Ríos Vásquez, en representación del Ministerio Público manifestó que su propósito era que las partes cumplieran con lo ordenado por el Tribunal Administrativo del Huila en su sentencia de hace 20 años. “Que el objetivo y conclusiones estén encaminada a definir un cronograma con compromisos específicos claros y precisos de tiempo”.
En esa misma reunión de finales del año pasado, la Directora del Departamento Administrativo Jurídico del Departamento del Huila indicó que “hay que iniciar por algo, veamos que existen estudios que ya están hechos y bien se sabe que hay que cumplir y cuidar el patrimonio y la inversión que se ha realizado frente a eso, hay que hacer unos nuevos estudios y estos tendrán que dar el trámite respectivo frente a las entidades que viabilizan el proyecto”, indicó. Además, instó a que se realicen compromisos más concretos y recordó que la gobernación tiene una competencia subsidiaria.
Más estudios
En la audiencia de finales del año pasado el gerente de Las Ceibas, EPN, Andrés Charry Gilombo, indicó que se han hecho estudios, y que si estos no han perdido vigencia se utilizarían nuevamente “pero es claro también que quien haga los diseños de ingeniería de detalle, debe al mismo tiempo adelantar el estudio de impacto ambiental y el licenciamiento en el ANLA, no puede estar por separado, no puede ser que esté por un lado lo técnico y de otra parte se avance con lo ambiental. En el pasado Hidrosam fue contratado para lo técnico y CENIGAC para lo ambiental y entre uno y lo otro pasaron 2 años y viene el tema del cambio de la normativa por parte el MVCT, y desactualiza el proyecto. Lo que hemos visto además a lo largo de otras experiencias exitosas de PTAR es que quien diseña lo técnico debe sacar adelante la licencia ambiental”.
En relación con los nuevos estudios, Charry Gilombo, señaló que la idea era arrancar en el 2025 y estos costarían entre 4000 y 5000 millones.
Leonel Obregón, representante de la CAM, en esta reunión, indicó que había actas desde 2013 donde el compromiso de los estudios técnicos estaban a cargo de la alcaldía de Neiva y las Empresas Públicas. Enfatizó que la CAM tenía destinado para la construcción de esta PTAR un rubro de $10 000 millones “hemos sido tan juiciosos que a estas alturas ya tenemos por Consejo Directivo un empréstito por 7000 millones y ahorrados los 3000 millones. Eso demuestra nuestra seriedad y compromiso”.
Los compromisos
La CAM sostuvo su compromiso de los aportes por el valor de $10 000 para construcción de la PTAR. No se comprometió a realizar aportes por concepto de estudios y diseños.
Cormagdalena por su parte indicó que podría acceder a 10 000 o 20 000 millones de pesos, siempre y cuando se cumpla con los requisitos en el proyecto. Sin embargo, no presentó ofrecimiento para la realización de los estudios. En relación con el Departamento, se indicó que, aunque tiene una competencia subsidiaria, en el pasado aportó para la adquisición del lote, que ya está a nombre de EPN.
La Alcaldía de Neiva indicó que aportó para la adquisición predial. Frente a los estudios la administración indicó que hay la voluntad de aportar 1000 millones de pesos.
Los millonarios gastos de EPN
En esta reunión el representante de Las Ceibas señaló que los aportes de las Empresas Públicas de Neiva, Las Ceibas, es de $6.035.957, los cuales se invirtieron así: predial: $1 443 883; en consultorías $4.592.073.
En el acta quedó establecido que “el gerente de la entidad, manifestó que una vez se conozcan los resultados de la Consultoría que avanza con la prefactibilidad, se citará a cada uno de los demandados y se insistirá en el requerimiento de cofinanciación para los estudios y diseños, en razón a que nosotros no podemos costear de manera total. Para los estudios y diseños la entidad aporte la suma de $1.000.000.000”.
Los gastos de la PTAR
Aunque hace 20 años el Tribunal ordenó la creación de la PTAR para Neiva, esta no se ha materializado. Ni las múltiples acciones judiciales, desacatos, o denuncias públicas ha motivado la eficiencia de las Empresas Públicas de Neiva.
Luego de la común tramitología para obtener la licencia ambiental, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) el año pasado la archivó definitivamente. Los argumentos de la negativa se sustentaban en que no se cumplía con los requisitos mínimos: tres solicitudes de EPN fueron rechazadas (presentaba enormes falencias técnicas y ambientales, es decir, esta entidad fue absolutamente ineficiente a tal punto que no subsanó ninguna de ellas). El Auto No. 04357 de 2022 expedido el 9 de junio de 2022, indica los errores no resueltos.
Los gastos por materializar este proyecto superan los 10 mil millones de pesos. Dos millonarias consultorías (Consorcio Neiva 2009 – abril del 2011 e Hidrosan SAS en agosto 2.017); uno de los predios adquiridos, ubicado al lado del puente Santander, se compró en 2013 por el valor de $2 664 millones ($1 200 puso la Gobernación y $1464 fueron de recursos propios).
La actualización de los estudios de impacto ambiental y el plan de manejo ambiental (2019), que le costó $429 millones a EPN, tampoco sirvió. Un total fracaso administrativo. A esto se unen millonarios estudios arqueológicos; desgastes administrativos con el Departamento Nacional de Planeación para la construcción del proyecto que tampoco funcionó.
