Redacción Web
El Consejo Nacional Electoral (CNE) se prepara para una sesión clave el próximo jueves 14 de agosto, cuando los nueve magistrados que integran la sala plena se reúnan a puerta cerrada para discutir la ponencia que presentarán Benjamín Ortiz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) sobre la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
Ortiz y Prada, magistrados instructores de la investigación, están a punto de radicar el documento final en el que, según trascendió, ratificarían que la campaña del hoy presidente habría violado el tope de gasto electoral, lo que, a su juicio, ameritaría sanciones contra personas vinculadas al proceso electoral.
El debate no solo girará en torno al contenido de la ponencia, sino también a la viabilidad jurídica de continuar con la investigación, dado que la ley establece un plazo máximo de tres años para indagar posibles irregularidades en campañas, término que, para algunos magistrados y miembros del Pacto Histórico, ya se habría vencido.
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Disputa por los tiempos de investigación
De acuerdo con Ortiz y Prada, el proceso aún estaría dentro del plazo legal, debido a interrupciones y pausas que, a su criterio, deben contabilizarse a favor de la investigación. En contraste, voces cercanas a la campaña presidencial sostienen que nunca se decretó una suspensión formal del expediente, por lo que no existiría margen para continuar y lo procedente sería su archivo inmediato.
Esta diferencia interpretativa será uno de los primeros puntos que la sala plena deberá resolver. El análisis jurídico sobre la vigencia de la investigación será determinante para establecer si el CNE puede pronunciarse de fondo sobre las presuntas irregularidades.
Recusaciones y posibles escenarios
En la misma sesión se someterán a votación recusaciones presentadas contra algunos magistrados, un paso previo antes de entrar al debate de fondo sobre la ponencia. Si la sala plena avala el documento de Ortiz y Prada, podrían imponerse sanciones administrativas contra responsables de la campaña, aunque no contra el presidente Petro, dado que la Constitución establece que el mandatario en ejercicio solo puede ser investigado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
Cabe recordar que, en un episodio anterior, la defensa del presidente logró que la Corte Constitucional determinara que el CNE no podía investigar directamente al jefe de Estado, lo que llevó a que el organismo electoral se enfocara exclusivamente en la campaña.
En caso de que la sala plena vote a favor de la ponencia, se prevé que la defensa de la campaña recurra a las altas cortes para intentar frenar cualquier sanción. De esta manera, la cita del 14 de agosto podría marcar un nuevo capítulo en el prolongado debate sobre la financiación y control de los gastos electorales en Colombia, con un fallo que tendría implicaciones políticas y jurídicas de gran alcance.
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