Como lo he venido enunciando en mis columnas publicadas anteriormente en esta tribuna de opinión, el gobierno nacional empezó a tener dificultades financieras para atender el creciente gasto público, que de manera irracional e irresponsable ha venido sosteniendo para atender los gastos de funcionamiento en detrimento de la inversión pública, sin tener en cuenta el proceso de reducción sostenido que han venido presentando los recaudos tributarios, que han provocado un déficit fiscal del 7,1% y que de acuerdo con las proyecciones de Fedesarrollo y otras agremiaciones se prevé un aumento al 7,8% hacia finales del presente año. Lo anterior se ha convertido en una verdadera bomba fiscal, que tiene al ejecutivo en el estallido de una bomba fiscal, de grandes proporciones. Actualmente el Estado no puede garantizar el normal funcionamiento, ni el cumplimiento de las metas propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia de la Vida”, porque no hay plata, como decían nuestros ancestros. En todas las organizaciones empresariales, como también en las estatales, no pueden gastar de forma desmedida y mucho menos por encima de sus posibilidades de recaudo.
La decisión errada que ha tomado el ejecutivo de aplazar por tres años el cumplimiento de la Regla Fiscal no es la solución adecuada como lo han hecho creer los funcionarios del equipo económico del gobierno nacional. Están colocando en serio riesgo la estabilidad económica del país. Con esta medida absurda, se ven abocados a buscar recursos por 19 billones de pesos, a través de una reforma tributaria, y a buscar nuevos créditos en la banca internacional, provocando un aumento de las tasas de interés de toda la deuda externa que tiene el país en los mercados financieros internacionales. No han medido los efectos nefastos que ello ocasiona a la política macroeconómica de Colombia y con ello la afectación futura al bienestar de todas las familias colombianas. La utilización de la cláusula de escape, para justificar este esperpento, le va a permitir al ejecutivo, endeudarse aún más para enfrentar los problemas de caja que presenta el fisco. Los expertos han afirmado que no se logra entender es por qué está ocurriendo ésto, cuando no estamos enfrentando una situación extraordinaria, ni hay hechos sobrevinientes, como sucedió con la pandemia del Covid. Es una pésima decisión.
El gobierno nacional, no la tiene fácil. El FMI y el Banco Mundial, ya le han advertido al gobierno nacional, que tienen que reducir en 60 mil hectáreas de coca de las 270 mil que hay actualmente sembradas en el territorio colombiano durante el segundo semestre, y que, producto de los desequilibrios financieros que presenta el país, no les van a autorizar estos empréstitos. Además, no existe un ambiente positivo en el legislativo para que les aprueben esta medida alcabalera, en vísperas de la más intensa jornada electoral que se ha iniciado con miras a elegir al nuevo Congreso de la República y al próximo presidente de los colombianos. Ningún congresista va a dar su voto positivo (excepto, los afectos al ejecutivo), sabiendo que el constituyente primario, los tiene en la mira por sus erradas actuaciones. Por tal motivo, infiero, que la oposición no se va a prestar para respaldar dicha iniciativa gubernamental por las consecuencias adversas que tendrían los integrantes del legislativo en sus aspiraciones electorales.
Y como si fuera poco, la polarización política en la que se encuentra actualmente el país, el aumento desbordado de la criminalidad, intento de asesinatos a los dirigentes políticos y lideres sociales, como en el caso del senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, que se encuentra en cuidados intensivos en la Clínica Santafé de Bogotá, las amenazas, ofensas y madrazos, entre otros a los integrantes del Congreso, que junto con los crecientes casos de corrupción descubiertos en las altas esferas del gobierno nacional, el ambiente que se presenta para debatir esta iniciativa del ejecutivo, va a ser muy difícil que se la aprueben. Respetuosamente considero que tal medida adoptada, va a quedar como un simple saludo a la bandera y el gobierno nacional tendrá que ajustarse el cinturón para disminuir el gasto público, en más de 60 billones de pesos. Por tal motivo, no habrá plata para la inversión pública y los damnificados de lo anterior, van a ser los entes territoriales y las familias colombianas.
