Los precandidatos presidenciales presentaron una acción judicial urgente para exigir que se respete el acuerdo de fusión del Pacto Histórico y se otorgue la personería jurídica sin condicionamientos. El caso abre un nuevo frente de tensión entre la coalición de izquierda y el Consejo Nacional Electoral.
DIARIO DEL HUILA, POLITICA
El panorama político colombiano entró en una nueva fase de tensión luego de que los precandidatos presidenciales Gustavo Bolívar y Carolina Corcho radicaran este 22 de septiembre una acción de tutela contra el Consejo Nacional Electoral (CNE). El recurso fue presentado ante el Tribunal Superior de Cundinamarca y reclama la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad y la participación política, que, según ellos, se ven vulnerados con una reciente decisión del órgano electoral.
El origen de la controversia está en la Resolución 09673 del 17 de septiembre, mediante la cual el CNE condicionó el reconocimiento jurídico del nuevo partido del Pacto Histórico a la resolución de procesos sancionatorios pendientes contra algunas de las colectividades que integran la coalición. Para Bolívar y Corcho, esta decisión es una amenaza directa a su derecho a competir en igualdad de condiciones en las elecciones de 2026, pues deja en un limbo legal la inscripción de candidaturas presidenciales y legislativas.
La acción judicial fue presentada con carácter de urgencia, dado que el 26 de septiembre vence el plazo para la inscripción de candidaturas ante la Registraduría. Los demandantes solicitaron medidas cautelares inmediatas para que se suspendan los efectos de la resolución y se reconozca sin condicionamientos la personería jurídica del nuevo movimiento.
“Esta decisión cercena los derechos de millones de electores y militantes, y deja en vilo jurídico la posibilidad de participar en la consulta popular”, expresó Carolina Corcho en un comunicado.
El reclamo de Bolívar y Corcho
Los precandidatos sostienen que la determinación del CNE constituye una “burla” al acuerdo de fusión, en el que las colectividades asumieron de manera solidaria obligaciones y sanciones. Según su interpretación, no existe base legal para impedir la inscripción plena del partido.
En la tutela argumentan que la medida crea un perjuicio irremediable: dejar por fuera al Pacto Histórico de la contienda de 2025 y limitar sus opciones de consolidación como fuerza política. Además, recuerdan que en las elecciones de 2022 la coalición obtuvo más de 11 millones de votos, cifra que la convirtió en la primera fuerza de izquierda en la historia reciente del país.
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Bolívar y Corcho también destacaron la falta de coherencia del CNE frente a decisiones anteriores, donde sí se concedió la personería a otros movimientos bajo circunstancias similares. “El reconocimiento condicionado es ilegal y produce inseguridad jurídica”, señalaron, advirtiendo que el prolongado trámite de los procesos sancionatorios utilizados como argumento por el CNE contraviene los principios de celeridad administrativa.
El contexto político
La disputa no solo tiene un trasfondo legal, sino también electoral. El CNE aprobó la creación del nuevo partido del Pacto Histórico, pero dejó por fuera a tres de sus principales colectividades: Colombia Humana, Progresistas y la Minga Social. Según la resolución, Colombia Humana —el movimiento del presidente Gustavo Petro— no cumplió con el quórum requerido; Progresistas carece de personería jurídica; y la Minga Social aún enfrenta trámites administrativos pendientes.
Esta exclusión, adoptada por unanimidad, afecta directamente a precandidatos como Bolívar, Corcho y la senadora María José Pizarro, quienes aspiraban a competir en la consulta interna prevista para el 26 de octubre, mecanismo con el cual el bloque de izquierda buscaba definir un candidato presidencial único y ordenar sus listas al Congreso.
La falta de personería jurídica deja al Pacto Histórico en una situación frágil, pues la ley colombiana impide que coaliciones que hayan superado el 15% de los votos en elecciones anteriores se presenten nuevamente bajo esa figura. En la práctica, sin un partido unificado, el bloque corre el riesgo de fragmentarse de cara a 2026.
Un pulso por la democracia
Para Carolina Corcho, la decisión del CNE no solo es un asunto administrativo, sino un riesgo para la democracia. “Lo que está en juego es la democracia misma”, escribió en sus redes sociales, al anunciar una transmisión en vivo con Gustavo Bolívar para explicar a sus seguidores las implicaciones de la tutela.
En ese espacio, programado para la tarde del 22 de septiembre, los precandidatos insistieron en que el objetivo de la acción es garantizar la igualdad de condiciones en el proceso electoral y evitar que millones de votantes queden sin representación.
El caso ahora queda en manos del Tribunal Superior de Cundinamarca, que deberá pronunciarse sobre las medidas cautelares solicitadas y, en última instancia, sobre el fondo de la tutela. Entre tanto, el reloj electoral corre y la incertidumbre crece en torno al futuro del Pacto Histórico y la posibilidad de que sus principales figuras puedan participar sin restricciones en la contienda presidencial de 2026.
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