El ministro del Interior, lejos de retractarse, acusó a la Procuraduría de actuar con sesgo y denunció persecución judicial. El caso reabre la tensión entre el Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia.
DIARIO DEL HUILA, POLITICA
Las declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, contra la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana, encendieron una nueva tormenta política y judicial en el país. Todo comenzó con la decisión de la Procuraduría General de la Nación de abrir una indagación preliminar contra el funcionario por calificar a la togada de “loca y delincuente” durante un procedimiento judicial en su residencia de Puerto Colombia, Atlántico.
El hecho, que rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales, reaviva la tensión entre el Ejecutivo y el poder judicial, en momentos en que la independencia de la justicia vuelve a ser objeto de debate.
“Una clara extralimitación”: Benedetti responde a la Procuraduría
La reacción del ministro no se hizo esperar. A través de su cuenta de X (antes Twitter), Benedetti arremetió contra el procurador general Gregorio Eljach, señalando que las investigaciones en su contra avanzan con velocidad, mientras que otras, según él, permanecen estancadas.
“Señor Procurador, en cuestión de horas me abren una investigación preliminar. Yo llevo TRES AÑOS esperando a que le abran una investigación preliminar a la Lombana, por hechos que la misma Sala de Instrucción denominó una clara extralimitación de sus funciones y sigo esperando una apertura preliminar. ¿Por qué, señor Procurador, no tengo acceso a la administración de justicia?”, escribió Benedetti.
La Procuraduría, sin embargo, defendió su actuación alegando que el expediente se abrió por las expresiones públicas del ministro, las cuales podrían configurar una falta disciplinaria grave al dirigirse de manera injuriosa contra una funcionaria judicial en ejercicio de sus funciones.
El origen del enfrentamiento con la magistrada Lombana
El conflicto tuvo su punto más álgido cuando Cristina Lombana, acompañada de agentes del CTI de la Fiscalía, dirigió un allanamiento en la vivienda de Benedetti en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. El ministro, quien está siendo indagado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, calificó el operativo como “ilegal” y “abusivo”.
Según Benedetti, durante la diligencia se vulneraron sus derechos fundamentales. En un mensaje público, pidió garantías procesales a la Corte Suprema:
“Suplico a los magistrados de la Corte Suprema que me garanticen mis derechos. Confío en la Corte, pero yo denuncié a Lombana; tuve que presentar queja y tutela contra la Comisión de Acusaciones y contra el investigador Wills, porque el rumor es que ella intimida a los congresistas de la Comisión y nadie se atreve a abrirle siquiera una investigación.”
El ministro también denunció posibles irregularidades en la cadena de custodia de sus dispositivos personales, afirmando que tras el operativo encontró más de 2.000 chats de WhatsApp abiertos sin su autorización, lo que lo llevó a sospechar de una posible intervención ilegal de sus comunicaciones.
Petro defiende a Benedetti y acusa a Lombana de “odio personal”
La controversia tomó un giro político mayor cuando el presidente Gustavo Petro salió en defensa de su ministro. En sus redes sociales, calificó el procedimiento judicial como un “allanamiento ilegal”, atribuyéndolo a una supuesta animadversión personal de la magistrada hacia Benedetti.
“Un allanamiento ilegal que se transforma en secuestro de una familia, producido por una magistrada de la Corte Suprema víctima de su propio odio”, escribió Petro en su cuenta de X.
Las declaraciones del mandatario generaron preocupación en distintos sectores, que alertaron sobre una posible interferencia del Ejecutivo en la autonomía judicial y un intento de deslegitimar las decisiones de los magistrados.
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Críticas desde todos los frentes políticos
Los calificativos de Benedetti contra Lombana provocaron un rechazo casi unánime. El congresista del Centro Democrático Andrés Forero fue uno de los primeros en pronunciarse:
“Es inaceptable que Benedetti trate de ‘loca, demente y delincuente’ a una magistrada de la Corte Suprema. No les gusta la división de poderes y quieren una constituyente que les dé jueces de bolsillo.”
El concejal Daniel Briceño también reaccionó con ironía en la red social X:
“El ministro del Interior Armando Benedetti llama ‘demente y delincuente’ a una magistrada de la Corte Suprema. ¿Ya salió el ministro de Defensa Pedro Sánchez a ofrecer recompensa en favor de Benedetti?”
Por su parte, el dirigente político Enrique Gómez advirtió que las declaraciones del ministro “ponen en riesgo la integridad de la magistrada”, mientras que el exministro y economista Luis Carlos Reyes fue más allá al afirmar que Benedetti “actúa como un presunto delincuente” y pidió su renuncia inmediata.
La Corte Suprema responde: llamado a la prudencia
En medio de la polémica, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Augusto Tejeiro, emitió un pronunciamiento institucional en el que rechazó los ataques del ministro y exigió respeto a la independencia judicial.
“La corporación rechaza las descalificaciones personales y los ataques verbales del ministro del Interior a una magistrada de la Corte Suprema, dado que pueden afectar el desarrollo de las investigaciones y menoscabar la confianza en la administración de justicia.”
Tejeiro reiteró el llamado a la prudencia y al respeto por la ley como pilares de la convivencia democrática.
Benedetti respondió horas después:
“Acato el llamado a la prudencia, pero también suplico por mi acceso al derecho a la justicia.”
El ministro insistió en que sus declaraciones son producto de un temor fundado por lo que considera un proceso irregular. Según él, Lombana ha filtrado información reservada a los medios y ha involucrado a más de 50 familiares suyos en investigaciones sin sustento.
Un pulso institucional que pone a prueba la separación de poderes
El caso Benedetti–Lombana se convierte en un nuevo capítulo de la tensa relación entre el Ejecutivo y el poder judicial. Mientras el ministro denuncia persecución y abuso de poder, la Procuraduría y la Corte Suprema defienden la legalidad de sus actuaciones.
Más allá de las sanciones que puedan derivarse, el episodio revela una fractura creciente entre las instituciones del Estado, donde los límites entre la crítica política y el irrespeto a la justicia parecen desdibujarse.
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