La situación de orden público en la zona norte del Huila, asfixia principalmente al municipio de Baraya, donde los habitantes conviven entre las extorsiones y los hechos de violencia forjados por grupos armados. Afirman las autoridades, que es indispensable la denuncia de la comunidad para hacerle frente a los delincuentes que se roban la tranquilidad de los huilenses.
Por: Francy Villarreal Ruiz
Cristian Javier Andrade Soriano, personero del municipio de Baraya, expresó que uno de los flagelos que más afecta la seguridad en esta zona del Huila es el delito de la extorsión, donde efectivamente como Ministerio Público en cabeza de la personería de dentro del municipio ha estado muy al tanto de esa situación.
“Sabemos que desafortunadamente se han venido presentando este tipo de actuaciones por parte de actores armados, específicamente en algunos comerciantes del municipio. Pero pues no es extraño que no pasa solamente el municipio, sino también otros municipios aledaños, Tello, Neiva y el municipio de Colombia, situación que ha generado una cierta inquietud por parte de las personas y temor, que los lleva a no denunciar”.
Indicó el personero que el delito, que afecta directamente a los ciudadanos de la zona rural, ha impactado a los lecheros y ganaderos; población donde más se presenta el mayor número de casos.
“Ahora con el tema de mitad de año se hizo un llamado por parte de la comunidad para que asistieran a cierta zona rural a entregar su cuota anual, por así decirlo. La personería pues estuvo al tanto de la situación, estuvo informando a las a los distintos organismos, pero pues estamos, como dicen, sometidos a lo que haga la justicia, en este caso la Fiscalía y los distintos grupos de apoyo que hace la fuerza pública”.
Funcionarios amenazados
De otra parte, se señaló quealgunos funcionarios de la administración municipal, han tenido temor de denunciar porque si han recibido amenazas, victimas a quienes se les ha solicitado que se interponga la respectiva denuncia ante las autoridades, pero pues algunos de ellos han optado por no hacerlo, en medio del temor.
En cuanto al alcalde, pues si ya es de público conocimiento sobre la situación de seguridad, quien ya ha puesto las denuncias respectivas, querellas que cumplen con el respectivo tramite del caso, con el propósito de que las intimidaciones no se continúen registrando.
“Él sigue eh atendiendo en su despacho en el municipio, dentro del municipio de Baraya, él atiende a la comunidad sin ningún tipo de inconvenientes y pues de cierta manera la comunidad ha sentido el respaldo por parte del alcalde frente a esta situación”, expresó el personero.
Respecto al tema de las amenazas es según el personero local preocupante por cuanto la comunidad se siente afectada e igualmente desprotegida, por tal motivo se ha hecho un llamado a la comunidad y a las autoridades para brindar garantías de seguridad y derechos humanos de los pobladores de la zona.
“Nosotros tuvimos una reunión de CIPRAD con el Ministerio del Interior el pasado 26 de junio. Estuvimos en compañía de la Defensoría del Pueblo, la procuraduría, distintos organismos incluyendo la misma alcaldía de Baraya, Policía Nacional y Ejército. Sin embargo, de esa fecha para acá pues las actuaciones han sido muy pocas, la comunidad todavía se siente desprotegida. La presencia de la de la institucionalidad es muy poca”.
Violencia contra líderes comunales
De acuerdo con el personero Javier Andrade Soriano la situación de orden público preocupa sobre todo en la zona rural de la localidad, aduciendo que existe muy poca presencia de la institucionalidad.
El tema de la muerte de Lina María Fuentes Vega, la líder social de la vereda la Nueva Reforma; un hecho que se perpetro dentro de la dentro de la institución educativa la Unión y pues hasta ahora la investigación que se ha dado es muy poco el avance que se ha visto.
“Frente a esto la personería ha estado al tanto, se ha hecho un requerimiento a la Fiscalía General de la Nación, a la Policía Nacional para que investiguen y pues den prontamente los resultados de quiénes fueron los autores de este de este crimen de la líder social y defensora de derechos humanos del municipio”.
La situación ha desatado otro síntoma social, y se relaciona con el desplazamiento forzado que en este momento; teniendo en cuenta el contexto se ha reportado la intención de las comunidades, de salir del territorio.
“Hay personas que eh han tenido la intención del desplazamiento, nosotros como personería hemos estado al tanto de esa situación, hemos tratado de persuadir a las familias para que no se desplacen de su territorio, pero sí tienen en cierta manera la intención de hacerlo porque, vuelvo y repito, las amenazas en el territorio siempre han sido muy muy frecuentes”.
¿Qué veredas le preocupa?
Las veredas que según las autoridades actualmente preocupan por su estado en materia de orden público en el municipio de Baraya son las que se encuentran en límites con el municipio de Tello, específicamente La Libertad, Nueva Reforma, Turquestán y Versalles.
El motivo, es porque son veredas que, por su ubicación, tienden a ser más propensas a la afectación a los derechos humanos por parte de distintos grupos armados que operan en la zona.
Reclutamiento e instrumentalización de menores
El tema de los niños llevados a la guerra hay un seguimiento especial que desde la personería se viene dando en el municipio de Baraya, “Hemos estado al tanto de esa situación, hemos hecho campañas en las instituciones educativas, la deserción escolar nos preocupa bastante porque desafortunadamente este es un nicho para que los niños o los jóvenes puedan acceder o puedan vincularse a distintas organizaciones o grupos armados”.
Frente al flagelo del reclutamiento forzado de menores para la guerra, específicamente en el norte del Huila no se han reportado casos; pero si se han reseñado denuncias por parte de la comunidad donde se ha dado que se han utilizado menores de edad para una serie de actividades por parte de algunos grupos en donde ellos hacen ciertas actividades, “por ejemplo para trabajo infantil y posteriormente se lo entregan a sus familias”, detalló el personero.
“No es reclutamiento propiamente; pero sí es un tema que nos preocupa porque en cierta manera se están instrumentalizando los niños para este tipo de actos, como utilizarlos en las carreteras, donde les dicen vamos a cargar unos bultos, vamos a llevar cierta carga y ustedes nos van a colaborar, entonces eso hace que los jóvenes pues obligatoriamente tengan que acudir a este tipo de actividades de ayuda, por así decirlo”, dijo Andrade Soriano.
Dificultades con los docentes
Este tema se relaciona directamente con la cobertura, sino que se centra en el número de maestros que se requieren para enseñar capacidades especiales a niños sordos, y niños invidentes del municipio.
“No en el municipio docentes para este tipo de educación, se presentó un desacato de una Tutela en contra de la Secretaría de Educación departamental para que se cubriese ese faltante de maestros con niños con necesidades especiales, pero hasta ahora pues la Secretaría de Educación departamental no nos ha cubierto la necesidad demandada”.
El personero Javier Andrade Soriano señala que es fundamental las acciones de la fuerza pública en el territorio, pero por sobre todo la presencia del Estado y las instituciones sobre todo de la zona rural, donde el accionar de grupos armados campean afectando directamente a la población, convirtiendo al municipio de Baraya en una zona del Huila sitiada por las extorsiones.
Autoridades se pronuncian
Según señaló el secretario de Gobierno del Huila; Juan Carlos Casallas Rivas, las instituciones reportaron que durante el mes de junio volvió a presentarse una situación similar de citación, que no termina siendo más que el tema de extorsión a comerciantes, a pobladores.
“Tenemos conocimiento de esa información de casos que se reportan en los municipios de La Plata y Baraya, que ellos lo habían venido tratando en todos los consejos de seguridad que hemos venido adelantando este año, incluso en las mesas de seguridad, ha sido una solicitud reiterada del señor gobernador teorizar eh las acciones de intervención para especialmente proteger a la población civil y, por supuesto, que no obstante las cifras que presenta la Policía Nacional sobre extorsión”.
Agregó el titular de gobierno del Huila también que “Tenemos una preocupación muy grande porque sabemos que ha venido eh creciendo exponencialmente y que no solamente se está dirigiendo en contra de las personas con mayor capacidad económica o las empresas, sino de manera general a toda la población a los comerciantes de empanadas, tiendas de barrio y eso exige que haya una intervención especial por parte del Gaula tanto militar como de Policía y en ese sentido, pues el gobierno departamental ha venido reiterando la necesidad de implementar planes diferenciales de intervención en estos sectores de la población”.
¿Cómo atacar la extorsión?
Exteriorizó Casallas Rivas, que la única solución para contrarrestar este flagelo, es a través de la denuncia por parte de los ciudadanos.
“Si necesitamos que haya esa denuncia que nos permita tener las órdenes de captura, poder adelantar las interceptaciones, hacer que los responsables sean identificados, y que esto nos permita obtener la autorización de los allanamientos y de las operaciones para desarticular a los responsables al brazo armado”.
Dijo también el secretario de gobierno del Huila, que en los próximos días se realizará la presentación una estrategia desde la gobernación de Huila, para incentivar en coordinación con la Fiscalía la denuncia en la ciudadanía que permita judicializar, y poner a buen recaudo de las autoridades a los responsables de estos hechos de extorsión.
Finalmente, hizo énfasis en que muchos de estos casos reportados, se ha venido identificando que provienen de delincuencia común.
