amenazas contra el alcalde, reclutamiento forzado de menores y el asesinato de una lideresa social.
DIARIO DEL HUILA, INFORME
Por: Francy Villarreal Ruiz
La comunidad del municipio de Baraya ha denunciado que varios comerciantes fueron obligados a asistir a una reunión con las disidencias de las FARC que operan en la zona.
La situación enciende de nuevo las alarmas en el norte del Huila y mantiene en vilo a la población, que reclama la intervención efectiva de las autoridades regionales y nacionales, en un escenario que recuerda épocas del conflicto armado que muchos creían superadas.
Según información obtenida por Diario del Huila, los emprendedores debieron trasladarse a la vereda Los Laureles, desde donde fueron conducidos a otro punto ubicado en San Andrés, jurisdicción del municipio de Tello.
“Además de estar bajo el sol, sin agua y con hambre, también los humillaron. Los llevaron a un punto de encuentro en San Andrés. Las condiciones eran precarias. Tuvieron que caminar bastante y después los concentraron como si se tratara de un mercado”, relató una fuente que pidió reserva de su identidad por seguridad.
¿Para qué era la cita?
Según las denuncias, el objetivo del encuentro fue exigir el pago de la ‘vacuna’. Todos los asistentes —peluqueros, pequeños empresarios, propietarios de panaderías, misceláneas, ventas de empanadas, tamales, pasteles, entre otros— fueron obligados a pagar una cuota, impuesta sin derecho a réplica.
“Me siento impotente. Hasta a los que venden empanadas los citaron. Prácticamente tenemos que trabajar para la guerrilla”, expresó un ciudadano con evidente preocupación.
Tarifas de la extorsión
De acuerdo con la información, el grupo armado estableció tarifas según el tipo de actividad comercial. Por ejemplo, a quienes venden empanadas les pidieron $1.000.000, a las panaderías $2.500.000, misceláneas $3.000.000, peluquerías $4.000.000, y a las ferreterías $7.000.000.
“El lugar fue convertido en un mercado de extorsiones. Todos pasaron uno por uno a recibir la orden de pago. No fue una reunión, fue un acto de intimidación”, narró otra fuente.
A un comerciante que se dedica a la venta de granos, verduras y abarrotes, le exigieron la suma de $100.000.000. “Él se enojó y le dijo al comandante del grupo que eso era un abuso, que era demasiado. Hubo una discusión y el ambiente se puso tenso”, añadió.
El miedo a represalias mantiene en silencio a muchos. Temen que, si no pagan, se presenten atentados en sus negocios o que pongan en riesgo la vida de sus familias.
“Durante el discurso a los comerciantes insultaron al alcalde y a su gabinete porque, al parecer, no ha querido ceder ante sus presiones. Eso también tiene molesto al grupo armado”, comentó un habitante del municipio.
¿Qué dice el Gobierno Departamental?
El secretario de Gobierno del Huila, Juan Carlos Casallas Rivas, confirmó que el Gobierno conoce la denuncia y expresó su preocupación por la situación.
“Nos enteramos no solo de las amenazas y extorsiones, sino de que hubo una reunión convocada por este grupo armado. Inmediatamente informamos al Ministerio de Defensa, y activamos la articulación con la Policía y la Novena Brigada. El mensaje para la ciudadanía es que no está sola. Rechazamos estos actos de constreñimiento”, declaró.
Casallas indicó que recientemente se desarrolló un consejo de seguridad con la participación del alcalde de Baraya, en el que se acordaron varias estrategias para reforzar la seguridad. Se pidió además a la Unidad Nacional de Protección tomar medidas urgentes para salvaguardar la vida del mandatario local.
El secretario hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie estos hechos. “Necesitamos las denuncias para judicializar e identificar a los responsables. No podemos permitir que esto siga ocurriendo en nuestro departamento”, subrayó.
Comunidad humillada
“La situación es lamentable. Lo manifesté ante el asesor del Ministro de Defensa y el comandante de la Brigada. No podemos seguir permitiendo que se humille a la población civil. Como lo dicen los comerciantes: están trabajando para la guerrilla, que se aprovecha de sus recursos limitados. No lo vamos a tolerar”, sentenció Casallas.
Agregó que se convocó a toda la institucionalidad —Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Ejército, Policía, Unidad de Protección y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz— para rodear a las comunidades afectadas por la violencia.
Amenazas a alcaldes y personeros
El actual alcalde de Baraya, Luis Enrique Cardozo, denunció meses atrás que ha sido amenazado y citado en varias ocasiones por el grupo armado ilegal, convocatorias a las que no ha asistido.
El secretario de gobierno del Huila, indicó que ya al burgomaestre se le han decretado algunas medidas para garantizar que no solamente pueda ejercer su función, sino que se pueda movilizar por las diferentes zonas y veredas de la municipalidad.
“Tenemos toda la responsabilidad como instituciones de rodear al alcalde, de garantizarle las medidas que ha dispuesto para que él pueda continuar haciendo presencia en el territorio, no solamente en el casco urbano, sino para garantizarle sus desplazamientos a la zona rural, a la ciudad de Neiva y en ese sentido en el Consejo de Seguridad adelantado la semana anterior precisamente fue una de las solicitudes formales y uno de los compromisos que se estableció”, dijo Juan Carlos.
Actualmente se conoce que desde el año 2024, inicio de mandato los alcaldes de Neiva, Tello Teruel, Hobo, Acevedo, Isnos La Argentina, Oporapa y La Plata oficialmente han reportado amenazas por parte de grupos armados. Asimismo, personeros de los municipios de Gigante y Algeciras; actualmente refieren ante las autoridades que son víctimas de intimidaciones, al parecer por parte de grupos armados de la zona.
