El Congreso de la República inició este martes la discusión del proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2026, un plan de gasto que asciende a $556,9 billones y cuya viabilidad depende de la aprobación de una reforma tributaria destinada a recaudar $26,3 billones adicionales.
El debate arrancó con retraso, pues por norma debía instalarse antes del 15 de agosto. Ahora, en sesiones conjuntas, las comisiones económicas Tercera y Cuarta de Senado y Cámara tendrán que correr contrarreloj para radicar ponencias, estudiar cifras y procesar las proposiciones que llegarán en las próximas semanas.
Cómo se distribuiría el gasto
Del total presupuestado, $454,5 billones corresponden a gasto primario, repartidos en $365,8 billones para funcionamiento y $88,5 billones para inversión. A esto se suman $102,5 billones destinados al servicio de la deuda, una cifra que sigue en aumento.
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La alerta del Banco de la República
En paralelo a la discusión política, el Banco de la República llamó la atención sobre los riesgos que enfrenta la sostenibilidad fiscal del país. Si bien el plan de gasto se ajusta al Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Emisor advirtió que los compromisos crecientes del Estado están reduciendo los márgenes de maniobra del Gobierno.
Con un escenario macroeconómico que proyecta crecimiento del 3%, inflación del 3,2% y un precio promedio del petróleo de US$62,3 por barril, el Banco estima que el déficit fiscal en 2026 alcanzaría el 6,2% del PIB, mientras que la deuda neta del Gobierno Nacional Central se ubicaría en 63% del PIB.
Uno de los puntos críticos está en los gastos inerciales: el Sistema General de Participaciones (SGP), las obligaciones pensionales y las vigencias futuras. El Banco recordó que, con el Acto Legislativo aprobado en 2024, el SGP aumentará gradualmente hasta representar el 39,5% de los ingresos corrientes de la Nación a partir de 2027, lo que incrementará la presión sobre las finanzas públicas.
“El creciente desajuste estructural de las finanzas públicas por el aumento de los componentes inflexibles del gasto al igual que la sobreestimación de recaudos, especialmente de aquellos obtenidos a través de la gestión de la DIAN, hacen necesario un examen riguroso”, señaló el Emisor, advirtiendo que postergar correctivos podría afectar la sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica del país.
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