Ante las crecientes amenazas y extorsiones por parte de grupos armados ilegales en zona rural del municipio de Palermo, las principales autoridades civiles, militares y judiciales, pusieron en marcha una estrategia integral para proteger a las comunidades y garantizar la continuidad de la actividad minera en condiciones de seguridad.
Durante una Mesa Técnica de Seguridad convocada por la Gobernanción participaron delegados del Ejército, la Policía del Huila, la Policía Metropolitana de Neiva, la Fiscalía, la Procuraduría y la Fuerza Aérea Colombiana, con el objetivo de definir acciones inmediatas frente a la situación de orden público en la región.
“El propósito es evitar que cualquier tipo de amenaza o intimidación de estos grupos armados ilegales se consolide en contra de las personas, de los empleados, o de la infraestructura alrededor de la actividad minera”, explicó Juan Carlos Casallas Rivas, secretario de Gobierno del Huila.
Según las autoridades, las intimidaciones han afectado directamente la economía legal en esta zona del departamento, lo que motivó la activación de operativos especiales y la articulación con unidades élite como el Gaula Militar, el GOES y el Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas (BAFUR) para asegurar la zona y frenar el accionar delincuencial.
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Se investigan homicidios recientes
La mesa también abordó el reciente aumento de homicidios en distintos municipios huilenses. Las autoridades están evaluando si estos hechos responden a disputas armadas o a problemas de convivencia ciudadana como retaliaciones personales o conflictos por intolerancia.
“Se diseñaron intervenciones focalizadas en los municipios más afectados y se están fortaleciendo las labores de inteligencia para identificar y judicializar a los responsables”, aseguró Casallas.
Llamado a la denuncia ciudadana
Uno de los principales llamados hechos por las autoridades fue a la denuncia oportuna por parte de la ciudadanía, que permite activar operativos, capturas e investigaciones.
“El Gaula Militar y de Policía tienen todas las capacidades para reaccionar, proteger y evitar cualquier acción que pretenda atentar contra la integridad o la vida de los ciudadanos”, añadió el secretario de Gobierno.
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