El reclutamiento forzado de menores en el Huila ha aumentado un 138 % en el último año, una cifra alarmante que refleja la creciente expansión de los grupos armados en la región. La ONU y comunidades indígenas denuncian que los niños son las principales víctimas de este crimen de guerra, mientras las autoridades intentan frenar una crisis que amenaza con arrebatarle el futuro a toda una generación.
DIARIO DEL HUILA, INFORME
En octubre de 2024, las calles del municipio de La Plata, Huila, se llenaron de manifestantes con pancartas y globos blancos exigiendo la liberación de Leydi y Melanie Scarlet, dos niñas de apenas 12 años que fueron reclutadas por las disidencias de las Farc. Su caso es apenas una muestra de una problemática alarmante: el reclutamiento forzado de menores en la región ha aumentado un 138 % en el último año, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Un crimen de guerra que sigue en ascenso
Según los datos de la ONU, mientras que en 2023 se registraron 13 casos de reclutamiento forzado en el Huila, en lo que va de 2024 la cifra ya alcanza los 31. El incremento de 18 casos en apenas un año evidencia una preocupante tendencia que afecta especialmente a niños, niñas y adolescentes de comunidades indígenas, quienes se encuentran en una posición más vulnerable frente a las estructuras armadas ilegales que operan en la zona.
El Consejo Regional Indígena del Huila (Crihu) ha denunciado el impacto de esta problemática en sus comunidades y ha iniciado una minga para pedir la intervención del Estado. Las autoridades indígenas buscan que el Gobierno nacional tome medidas concretas para frenar el avance de los grupos armados, que han intensificado su control en el departamento.
“Apoyamos los esfuerzos de las autoridades indígenas del Huila, el Crihu, entre ellos el diálogo y la minga para dar seguimiento a la garantía de sus derechos”, afirmó la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia a través de su cuenta de X (antes Twitter). Además, reiteraron que desde hace varios años han acompañado las solicitudes del Crihu para garantizar los derechos de la niñez indígena y protegerla del reclutamiento forzado.
El impacto del conflicto en la niñez huilense
Entre 2022 y 2024, la ONU documentó 46 casos de graves violaciones a los derechos humanos de la niñez en el marco del conflicto armado en Huila. Estas violaciones no se limitan al reclutamiento forzado, sino que incluyen desplazamiento forzado por riesgo de ser reclutados y, en algunos casos, la muerte de menores de edad dentro de las filas de los grupos armados.
El representante encargado de ONU Derechos Humanos en Colombia, Juan Carlos Monge, explicó que este aumento en el reclutamiento infantil se debe a la expansión de los grupos armados en el territorio. “Buscan ejercer control en la zona y acosan cada vez más a los pueblos indígenas”, advirtió Monge. La disputa territorial entre las disidencias de las Farc, el ‘Estado Mayor Central’ y la ‘Segunda Marquetalia’ ha generado una creciente necesidad de nuevos combatientes, y los menores son un blanco fácil para estos grupos.
Monge también señaló que la única manera de contrarrestar esta problemática es garantizar los derechos esenciales de la población. “Si el Estado cumple con la garantía de los derechos esenciales además de los civiles y políticos, se puede contrarrestar el reclutamiento y proteger a la niñez”, insistió.
La táctica de reclutamiento: engaños y redes sociales
El reclutamiento infantil es una táctica criminal que los grupos armados han perfeccionado con el tiempo. En febrero de este año, la captura de alias ‘Camilo’, reclutador del frente Dagoberto Ramos del ‘Estado Mayor Central’, permitió conocer los métodos que emplean para atraer menores a sus filas. Según las investigaciones, este cabecilla recibía hasta 5 millones de pesos por cada niño o niña que lograba reclutar.
El uso de redes sociales ha sido clave en esta estrategia. A través de plataformas como Facebook, WhatsApp y TikTok, los grupos armados contactan a menores, especialmente en zonas rurales, y les ofrecen falsas promesas de dinero, poder y pertenencia a una comunidad. En otros casos, como el de Leydi y Melanie Scarlet, el reclutamiento ocurre directamente en los alrededores de los colegios, donde los grupos armados aprovechan la falta de control estatal para secuestrar a los menores.
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La respuesta del Estado y la comunidad
La Defensoría del Pueblo ha alertado en reiteradas ocasiones sobre el aumento del reclutamiento forzado en Colombia y ha advertido que el reacomodamiento de los grupos armados ha generado una mayor necesidad de combatientes. Ante esta situación, el Gobierno ha anunciado estrategias de prevención y protección de la niñez, pero las comunidades afectadas consideran que estas medidas aún son insuficientes.
El Consejo Regional Indígena del Huila, junto con la Gobernación del departamento, ha impulsado acciones de sensibilización y denuncia para visibilizar la problemática. Sin embargo, el llamado sigue siendo claro: el Estado debe garantizar seguridad en los territorios, fortalecer la presencia de la institucionalidad y ofrecer alternativas educativas y laborales para los jóvenes que son blanco de los reclutadores.
¿Qué se puede hacer?
Expertos en derechos humanos y líderes comunitarios han propuesto una serie de medidas para enfrentar el problema:
- Mayor presencia del Estado: Es fundamental que el Gobierno fortalezca su presencia en las zonas rurales mediante el despliegue de fuerzas de seguridad y programas de desarrollo social.
- Estrategias de prevención en colegios: Se deben implementar programas educativos que adviertan a los niños y adolescentes sobre los riesgos del reclutamiento forzado y promuevan mecanismos de denuncia.
- Fortalecimiento de la justicia y la protección de testigos: Garantizar que los reclutadores sean llevados ante la justicia y brindar protección a las víctimas y sus familias.
- Acciones internacionales: La comunidad internacional puede jugar un papel clave en la visibilización del problema y en la exigencia de medidas concretas por parte del Gobierno colombiano.
- Apoyo a las comunidades indígenas: Brindar recursos y respaldo a las comunidades afectadas para que puedan proteger a sus niños y fortalecer su autonomía frente a los grupos armados.
Un llamado urgente
El reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en el Huila no es solo un problema local, sino una violación grave a los derechos humanos que afecta a toda la sociedad. La comunidad internacional, el Estado y la ciudadanía deben actuar con urgencia para frenar este flagelo antes de que más menores sean víctimas de un conflicto que les arrebata su infancia y su futuro.
Desde Naciones Unidas hasta los líderes indígenas, el llamado es unánime: se deben tomar acciones inmediatas para garantizar la protección de la niñez y evitar que más familias tengan que vivir el dolor de perder a sus hijos en las filas de los grupos armados ilegales.
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