A través de un panfleto enviado por la organización narcoterrorista de las Disidencias de las Farc a los propietarios de los empresas, comerciantes grandes y pequeños, los obligan a contribuir con aportes económicos, so pena de aplicarles la pena de muerte y daños a sus negocios, para lo cual deben acudir a sus madrigueras que cumplen las funciones de cobro en las montañas del departamento, sin que exista una política pública nacional eficaz que contrarreste este accionar criminal que tienen desesperado a los agentes económicos del Huila. Desde estas líneas editoriales hemos venido comentando sobre esta problemática que está afectando la dinámica productiva en la región surcolombiana. Más de 800 municipios se encuentran sumidos a la voluntad de la criminalidad. Los aspirantes a la presidencia de la República y al Congreso de la República afectos al gobierno nacional van a padecer el peor viacrucis que se tenga en la historia política del país cuando visiten a estas zonas. Los van a rechazar. Simplemente estamos visualizando este panorama adverso a sus pretensiones electorales.
Los propietarios de los establecimientos comerciales en la mayoría de los municipios huilenses se encuentran atemorizados por la presión y las amenazas de los grupos delincuenciales que operan en el territorio huilense. Esta es la manifestación clara de la incapacidad gubernamental del ejecutivo nacional para contrarrestar la criminalidad que los tienes azotados. Son impresionantes los testimonios que nos expresan cuando les toca acudir a las citas cuando los convocan en las montañas, para que paguen las vacunas, con el fin de evitar ser sujetos a los atentados terroristas o en su defecto contra la integridad personal. Han desbordado el accionar de los organismos de seguridad, que a pesar de las limitaciones que poseen, les han venido propiciando duros golpes a estas estructuras, pero que siguen buscando los mecanismos de financiamiento ilegal para seguir ejerciendo el desarrollo de sus actividades ilícitas. Algunos dueños de negocios en el microcentro de Neiva nos han expresado que les colocan vacunas, los cuales deben ser cancelados estrictamente de acuerdo con la logística que tienen implementada en la región. Es el gobierno del cambio.
Consideramos que el presidente Gustavo Petro Urrego, debe dejar una huella positiva para contrarrestar este accionar delincuencial. Debe respaldar sin disculpas y evasiones todo el clamor empresarial. La ciudadanía debe rodear a los organismos de seguridad y al gobernador del departamento, que ha logrado invertir y pretende ejecutar 70 mil millones de pesos para dotar de equipos de seguridad, equipos y logística de inteligencia, para contrarrestar a estas estructuras criminales que tienen en jaque al bienestar de las familias huilenses. Igualmente, la gestión ante el gobierno nacional para que aumente el número de integrantes a la Fuerza Pública y del Ejército nacional, quienes ha logrado diezmar en parte este accionar delincuencial. Pero infortunadamente, la extorsión se sigue incrementando.
