El brutal atentado contra el representante Julio César Triana, ocurrido en una carretera solitaria entre La Plata y Paicol, no es un hecho aislado. Ocho disparos impactando el vehículo donde viajaba, un escape en rines hasta el pueblo más cercano, y un historial de amenazas ignoradas por la Unidad Nacional de Protección pintan un panorama inquietante: en Colombia, ejercer oposición política en ciertas regiones sigue siendo una actividad de alto riesgo.
Las disidencias de las FARC, en particular la estructura Dagoberto Ramos bajo el mando de alias “Mi Pez”, aparecen como el brazo ejecutor de esta emboscada. Sin embargo, la responsabilidad política trasciende a los autores materiales: el Estado fue advertido, conocía el riesgo y, aun así, no reforzó la seguridad del congresista. El resultado, aunque esta vez no fue fatal, evidencia una peligrosa mezcla de negligencia y subestimación del contexto regional.
Huila, tierra históricamente golpeada por la guerra, enfrenta hoy una reconfiguración de la violencia. Corredores estratégicos para el narcotráfico, presencia intermitente de la Fuerza Pública y una creciente influencia de estructuras armadas ilegales son el caldo de cultivo perfecto para ataques selectivos contra líderes sociales y políticos. El mensaje es claro: quienes contradicen los intereses de estos grupos, especialmente si respaldan públicamente a la Fuerza Pública, se convierten en blancos.
La reacción posterior al ataque —combates, helicópteros, aseguramiento de la zona— es necesaria pero insuficiente. La verdadera pregunta es por qué no hubo presencia preventiva en una ruta reconocida por su riesgo. El Gobierno Nacional y las autoridades competentes deben responder no solo ante Triana y su partido, sino ante toda la ciudadanía, por qué las alertas previas fueron archivadas o dilatadas.
En un momento en el que se habla de “paz total”, los hechos parecen contradecir el discurso. La violencia selectiva contra figuras políticas de oposición no solo amenaza vidas, sino que erosiona el ejercicio democrático. Si un congresista no puede recorrer su departamento sin enfrentar emboscadas, ¿qué garantías tienen los líderes comunitarios o los ciudadanos comunes?
El atentado contra Triana debe marcar un punto de quiebre. No basta con condenar; se requiere una acción coordinada, sostenida y real para garantizar que la política no se ejerza bajo la sombra de un fusil. Porque si en Colombia defender ideas cuesta la vida, la democracia queda herida de muerte.
