El Gobierno radicó ante las comisiones económicas del Congreso la ponencia positiva del presupuesto para 2026, por un total de $556 billones, aunque con un faltante de $26,3 billones que obligaría a una nueva reforma tributaria.
DIARIO DEL HUILA, POLÍTICA
La bancada del presidente Gustavo Petro presentó oficialmente la ponencia positiva del proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año fiscal 2026. El documento recoge la propuesta del Ministerio de Hacienda, que plantea un monto de $556 billones de pesos, equivalentes al 28,9 % del Producto Interno Bruto (PIB). Esta iniciativa será discutida en los próximos días por las Comisiones Económicas del Congreso, que tienen la responsabilidad de dar el primer visto bueno al plan de ingresos y gastos que marcará la hoja de ruta del país en materia financiera.
La ponencia fue radicada con las firmas de los congresistas Gildardo Silva, Gloria Arizabaleta, Jairo Cala, Tamara Argote y Aida Avella, quienes representan a la bancada del Gobierno. Según explicaron, el monto total planteado solo podrá hacerse realidad si el Legislativo aprueba un proyecto de ley de financiamiento por $26,3 billones, lo que anticipa una nueva discusión en torno a una reforma tributaria.
Cómo se distribuirán los recursos
El texto de la ponencia detalla que los $556 billones se dividirán en tres grandes rubros:
- $365,8 billones (65,7 %) se destinarán al funcionamiento del Estado.
- $102,4 billones (18,4 %) estarán dirigidos al pago del servicio de la deuda.
- $88,8 billones (15,9 %) se orientarán a la inversión.
Esta distribución refleja la misma línea planteada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien ha insistido en que el presupuesto de 2026 debe ser un instrumento para garantizar estabilidad fiscal y, al mismo tiempo, avanzar en la financiación de programas sociales priorizados por el Gobierno.
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Los congresistas ponentes señalaron que el documento acoge los principales objetivos del Ejecutivo, los cuales están enfocados en reforzar la inversión social, asegurar el cumplimiento de obligaciones financieras y sostener el funcionamiento de la administración pública.
La ruta legislativa del presupuesto
El trámite del PGN se encuentra en una fase crucial. El plazo para modificar el monto del presupuesto ya venció, por lo que no se podrán introducir cambios en la cifra global de $556 billones. Lo que sigue es el análisis y la aprobación del texto en primer debate por parte de las comisiones económicas del Senado y la Cámara de Representantes.
Estas comisiones han venido sosteniendo reuniones con funcionarios del Ministerio de Hacienda para revisar la viabilidad de la propuesta. El periodo para votar en primer debate estará abierto hasta el jueves 25 de septiembre, fecha límite que establece la ley. Si se cumple este paso, las plenarias de Senado y Cámara tendrán hasta el 20 de octubre para adelantar el segundo debate y dar luz verde definitiva al presupuesto.
Sin embargo, no se descarta la radicación de nuevas ponencias en las próximas horas, lo que podría abrir un margen de discusión frente a la destinación de los recursos y los ajustes que se requieran para atender sectores específicos.
Un presupuesto desfinanciado
Pese al respaldo de la bancada del Gobierno, la propuesta enfrenta un obstáculo central: la desfinanciación. El faltante de $26,3 billones obliga a considerar la aprobación de una nueva reforma tributaria que le permita al Estado contar con los recursos suficientes para cubrir el presupuesto total.
De hecho, desde distintos sectores políticos y económicos se ha advertido que la aprobación del proyecto sin resolver este vacío generaría incertidumbre en las finanzas públicas. Una eventual ley de financiamiento será clave para asegurar que el presupuesto de 2026 no se convierta en un plan difícil de ejecutar.
La discusión se enmarca, además, en un contexto de tensiones políticas, ya que algunos sectores de oposición han cuestionado la magnitud del presupuesto y el incremento de los gastos de funcionamiento frente a la inversión, lo que podría convertirse en uno de los puntos álgidos del debate legislativo.
Lo que está en juego
Más allá de las cifras, lo que está en juego es la sostenibilidad de las políticas públicas impulsadas por el Gobierno Petro. La ponencia positiva busca garantizar recursos para programas sociales y de infraestructura, pero también compromete al país con el pago de la deuda y el sostenimiento de la administración.
El trámite en el Congreso definirá si el Ejecutivo logra asegurar la aprobación del presupuesto en los tiempos establecidos por la ley, o si se abre un pulso político en torno a la reforma tributaria que se avecina.
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