El Gobierno nacional y las centrales sindicales llegaron a un acuerdo para el incremento salarial de los trabajadores públicos en 2025, que será del 7 % y se aplicará de forma retroactiva desde enero. La concertación fue celebrada por los ministros de Hacienda y Trabajo, quienes destacaron la inclusión de la perspectiva de género y el compromiso con la justicia laboral.
DIARIO DEL HUILA, PANORAMA
Tras varias semanas de negociaciones entre el Gobierno nacional y los representantes sindicales, se dio a conocer el incremento salarial que regirá en 2025 para los empleados del sector público en Colombia. El acuerdo, calificado como un logro significativo por ambas partes, contempla un aumento del 7 %, aplicable de manera retroactiva desde enero, y representa una mejora real en el poder adquisitivo de los trabajadores estatales frente al costo de vida.
El anuncio fue realizado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quienes lideraron la mesa de concertación junto con más de 40 voceros sindicales. “Quiero felicitar a los dirigentes sindicales y a todos los equipos del Gobierno, del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Hacienda por el esfuerzo que hicieron por lograr esta concertación y darle esta gran noticia al país», expresó Ávila al cierre de las negociaciones.
Por su parte, el ministro de Trabajo destacó el carácter “multinivel” del proceso, resaltando la amplia representación sindical y el enfoque inclusivo del diálogo. “Este es el resultado de un escenario de negociación complejo pero unificado entre el movimiento sindical. Desde la Presidencia se ha instruido en incrementar lo máximo posible”, afirmó Antonio Sanguino.
Además, el Ministerio de Trabajo subrayó en sus redes sociales que, por primera vez, la Mesa Nacional Estatal incorporó de manera decidida la perspectiva de género y la dignidad laboral como ejes del acuerdo, lo cual marca un avance importante en materia de equidad dentro del sector público.
¿Cómo se aplicará el aumento?
El ajuste salarial definido para este año será del 7 %, compuesto por el IPC consolidado de 2024, que fue del 5,2 %, y un aumento real adicional del 1,8 %. Esto significa que un funcionario que actualmente devenga un salario de $2’200.000, pasará a recibir aproximadamente $2’354.000.
El aumento tendrá efecto retroactivo desde enero de 2025, por lo que los trabajadores recibirán un pago adicional correspondiente a los primeros cuatro meses del año, con el fin de ajustar sus ingresos conforme al nuevo monto acordado.
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Este incremento se ajusta a lo previsto por el Decreto 243 de 2024, que establece lineamientos para mejorar la eficiencia y organización de las negociaciones estatales, según explicó el ministro Sanguino.
Lo que viene en 2026
El acuerdo también dejó establecido el mecanismo para el aumento salarial de 2026. Este se basará en el IPC de 2025, cuya cifra se conocerá a finales de ese año, más un 1,9 % adicional. De esta forma, el Gobierno y los sindicatos buscan garantizar no solo el mantenimiento del poder adquisitivo de los funcionarios públicos, sino una mejora real en su ingreso.
«Esto significa que el salario no solo se mantiene frente al costo de vida, ¡sino que mejora! Es justicia laboral. Es reconocimiento. Es compromiso real con quienes sirven al país», expresó el Ministerio de Hacienda en una comunicación oficial.
Impacto fiscal para el país
Implementar el aumento salarial para los empleados públicos tendrá un impacto considerable en el presupuesto nacional. El ministro de Hacienda informó que el ajuste de 2025 representará un costo de $2,1 billones, mientras que el de 2026 implicará una erogación adicional estimada en $2,3 billones.
No obstante, Ávila aseguró que estos recursos ya están contemplados dentro del marco fiscal del país y que no comprometerán otros compromisos financieros de la Nación. “Nos sentimos contentos de poder entregar este resultado de la mano de los trabajadores”, enfatizó.
El incremento se convierte en una medida que busca compensar a los servidores públicos por su labor, especialmente en un contexto de recuperación económica y estabilización fiscal. Representa además una señal del compromiso del Gobierno con el empleo digno, la equidad salarial y el fortalecimiento institucional.
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