NEIVA
Miles de familias que habitan asentamientos en Neiva volvieron a exigir respuestas ante la falta de avances en sus procesos de legalización. Entre demoras administrativas, trámites inconclusos y ausencia de rutas claras, la ciudad enfrenta un reto histórico para garantizar vivienda digna acceso real a servicios públicos.
“No nos tienen en cuenta para la legalización… llevamos más de 30 años ” y “ estamos ignorados… hemos radicado más de seis derechos de petición y no ha sido posible ”, fueron las voces que marcaron un debate donde quedó al descubierto la falta de una ruta clara para miles de familias.
En Neiva existen más de 117 asentamientos humanos donde viven alrededor de 50.000 personas, la mayoría de estratos 1 y 2, que aún enfrentan dificultades para acceder a servicios públicos formales, infraestructura y soluciones definitivas de vivienda. Algunos de estos sectores han adelantado trámites de legalización en los últimos años, pero en otros el proceso permanece detenido por falta de documentación completa, ausencia de estudios técnicos, condiciones de riesgo o expedientes que llevan décadas sin una respuesta puntual.
El tema volvió a ser motivo de discusión en el Concejo de Neiva, citado por el concejal Abel, donde un debate de control político permitió recoger inquietudes de la comunidad y evaluar qué tanto han avanzado los procesos de legalización.
Comunidad pide respuestas
En la sesión participaron voceros de distintos asentamientos que expusieron preocupaciones comunes relacionadas con la lentitud institucional, la falta de acompañamiento y la ausencia de una guía clara sobre cada trámite. Las intervenciones de los representantes de distintos asentamientos de la ciudad reflejan la situación general de muchos barrios que aseguran haber cumplido con los requisitos sin obtener una respuesta definitiva por parte de las autoridades.
Silvia Ramírez, representante del asentamiento Mirador del Norte, narró que, pese al tiempo transcurrido y al cumplimiento de obligaciones, no han visto avances significativos. “No nos tienen en cuenta para la legalización de nuestro asentamiento, es un barrio que lleva más de 30 años, cumplimos con todos los reglamentos, pagamos servicios, pagamos impuestos. Hemos recibido muchas visitas de políticos, que nos prometen, pero unos vuelven y no nos cumplen”.
También intervino Miller Mata, vocero del asentamiento Mirador Bajo Norte, quien reiteró las dificultades que han enfrentado para obtener respuesta sobre los derechos de petición radicados ante Planeación. “Muchas personas que conocen la situación, allá han ido muchos políticos, pero llegan al poder y todo se les olvida. Estamos ignorados. Hay una parte legalizada de Brisas del Venado, y nosotros que estamos cerca y no podemos, tenemos todos los papeles, hemos radicado más de 6 derechos de petición en Planeación y no ha sido posible”.
Para los líderes comunitarios, la falta de claridad y la demora en los trámites generan una sensación de abandono y los obligan a buscar, por su cuenta, información que muchas veces no es suficiente para avanzar.
Coordinación institucional
El concejal Abel Mendoza, citante del debate, expuso la necesidad de mejorar la articulación entre las entidades responsables. Afirmó que miles de familias continúan esperando soluciones reales y que la administración debe garantizar mayor claridad operativa en los procedimientos.
Mendoza insistió en que preocupa la escasez de resultados concretos y la falta de una coordinación efectiva entre las dependencias encargadas de la atención y legalización. Agregó que las comunidades han pedido decisiones oportunas, presencia institucional en los territorios, mesas de trabajo regulares y mecanismos que les permitan participar directamente en la definición de rutas y prioridades.
Una política que requiere ajustes
En conversación con el Diario del Huila, el concejal Héctor Javier Osorio aseguró que la política pública vigente presenta fallas de estructura que han dificultado su aplicación. Señaló que la intervención de los asentamientos debe comprenderse desde componentes que hoy no están plenamente articulados.
“La política pública de asentamientos subnormales ha sido una política fallida, a pesar de los avances en haberse legalizado mucho de estos en los últimos años y la principal causa a mí en mi juicio es que debe ser una política integral que debe sustentarse en cuatro componentes muy importantes”.
El también exalcalde de Neiva, expuso los cuatro componentes que considera son claves para esta política pública, “el primero que es la capacidad operativa que debe tener la Secretaría de Vivienda para identificar de los asentamientos subnormales cuáles de sus áreas territoriales son mitigables y cuáles no, que necesitan la ubicación en programas de interés prioritario. Segundo tener la disponibilidad presupuestal que nos permita que aquellas áreas mitigables se puedan adecuar con infraestructuras para hábitat dignos, y las que definitivamente tienen riesgos por inundación o deslizamiento se reubiquen en otras de vivienda. Tercero hay que articular esta política también con las políticas nacionales; y cuarto ejecución de su plan de asentamientos subnormales de hacerse con base en el desarrollo urbano y ambiental del Plan de Ordenamiento Territorial”.
Para Osorio, mientras estos componentes no trabajen de manera integrada, será difícil ofrecer soluciones sostenibles que respondan a las necesidades reales de los asentamientos.
Neiva sin una hoja de ruta definida
El concejal Alejandro Serna, quien también dialogó con el Diario del Huila aseguró que la ciudad aún no cuenta con una ruta concreta para avanzar en la legalización.
“Neiva no tiene una hoja de ruta clara para la legalización de los asentamientos humanos. Este debate desnuda una realidad de la Neiva profunda, de la Neiva que vive en precariedad, vulnerabilidad y pobreza, de la gente que no tiene una vivienda digna y que lamentablemente no vemos una solución a un corto y mediano plazo. Esta no es solo una discusión de políticas públicas, sino sobre la dignidad humana, servicios públicos, vías, transporte público de estos territorios olvidados”.
Serna agregó que una de sus mayores preocupaciones es la distancia que aún existe entre los procedimientos administrativos y la realidad concreta de los asentamientos. Sostuvo que esta situación genera frustración, retrasa proyectos comunitarios y profundiza la brecha entre la ciudadanía y las instituciones.
También insistió en que la administración debe recordar que existe un marco normativo que obliga a actuar de manera más decidida. Mencionó que el Acuerdo 028 de 2016 continúa plenamente vigente y que, mientras no se derogue o se actualice con una nueva política pública, la Alcaldía está en la obligación de aplicarlo en su totalidad.
Serna señaló además que Neiva necesita avanzar en una ruta colectiva y verificable que ponga a la comunidad en el centro de la toma de decisiones. Propuso convocar a la administración, a los propietarios de los predios, a los habitantes de los asentamientos, al equipo consultor del POT, a la Dirección de Planeación, a la Secretaría de Vivienda y a Las Ceibas para construir un plan de acción que establezca responsabilidades, tiempos y resultados medibles. Aseguró que sin esta articulación será difícil ofrecer soluciones estables y que la ciudad corre el riesgo de continuar aplazando decisiones estructurales.
En esa misma línea, explicó que trabaja en la formulación de una estrategia para garantizar el mínimo vital de agua en los asentamientos más vulnerables, especialmente en aquellos donde ya existe algún nivel de avance en la legalización de conexiones. Indicó que su propuesta se fundamenta en la Sentencia T-740 de 2011 y en el Decreto Nacional 776 de 2025, que exige garantizar el acceso al agua como un derecho fundamental para poblaciones vulnerables. Su intención es que, a partir del segundo semestre de 2026, el municipio pueda suministrar al menos 50 litros diarios por persona y 1.5 metros cúbicos mensuales, priorizando niños, adultos mayores, mujeres cabeza de hogar, personas con discapacidad y víctimas del conflicto armado en condiciones de pobreza absoluta.
Actualizaciones administrativas
Por su parte, el concejal Dagoberto Gómez recordó que administraciones anteriores lograron legalizaciones y obras de mitigación gracias a la articulación con entidades nacionales. Señaló que esas experiencias demuestran que es posible avanzar cuando existe coordinación entre el municipio y el Gobierno Nacional, y que el Acuerdo 028 sigue siendo una herramienta útil aunque necesite actualizaciones administrativas.
Fortalecimiento de la capacidad operativa
El cabildante Juan Sebastián Prieto afirmó que la política pública requiere una actualización profunda, pues los instrumentos e indicadores actuales presentan debilidades que dificultan su aplicación. Propuso fortalecer la capacidad operativa de las dependencias, destinar más recursos a mitigación y revisar la coherencia interna de la política para contar con una herramienta más eficaz.
La postura de la administración municipal
El secretario de Vivienda, Marwin Victoria, presentó un balance de los procesos adelantados e indicó que sectores como Villa Marinela y El Pinal han tenido avances significativos y podrían completar su legalización en los próximos meses. Explicó que algunos expedientes no cumplen los requisitos técnicos o jurídicos y que otros asentamientos se encuentran en áreas con restricciones normativas o condiciones de riesgo que impiden su legalización.
Victoria también informó que se destrabaron recursos para un proyecto de 740 viviendas de interés prioritario, que presenta un avance del 15 por ciento y está dirigido especialmente a familias víctimas del conflicto armado. Añadió que la administración continúa buscando alternativas de suelo y gestiona recursos ante el Gobierno Nacional.
Mientras que la secretaria de Gestión del Riesgo, Nancy Trujillo, señaló que su dependencia participa en la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial, un proceso que tomará 15 meses y que incluye mesas técnicas con varias entidades. Indicó que su oficina no cuenta con recursos propios para obras de mitigación o reubicación, pero acompaña los procesos con información técnica y participación comunitaria en los espacios de concertación.
