Durante el Encuentro Nacional de Presidentes de Comité y la Reunión Técnica Nacional Fedearroz 2025 en Bogotá. Productores y dirigentes del gremio arrocero hicieron un llamado al Gobierno Nacional para restablecer incentivos históricos. Reforzar la seguridad en las zonas productivas y avanzar en políticas de competitividad que garanticen la soberanía alimentaria.
DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA
Los productores de arroz del país reiteraron al Gobierno Nacional la necesidad de retomar los apoyos institucionales. Que durante tres décadas habían respaldado el almacenamiento del grano. Así como cumplir compromisos adquiridos en la lucha contra el contrabando y la reducción de la tasa por uso del agua. El pronunciamiento lo hizo Milcíades Pizarro Marrugo, presidente de la Junta Directiva de Fedearroz. Durante la instalación del Encuentro Nacional de Presidentes de Comité y la Reunión Técnica Nacional Fedearroz 2025, realizado en la capital del país.
Pizarro Marrugo advirtió que el incumplimiento de estos compromisos impacta directamente la competitividad del sector. En su intervención recordó que el contrabando sigue afectando los precios internos y desplazando la producción formal colombiana, mientras que los cobros asociados al uso del recurso hídrico continúan incrementando los costos de producción en cultivos que, por su naturaleza, dependen fuertemente del riego y la eficiencia del agua.
El dirigente gremial también se refirió a la creciente inseguridad en las zonas agrícolas, donde aseguró que los arroceros están expuestos a extorsiones, hurtos y amenazas de grupos armados y bandas delincuenciales. “Los productores enfrentamos la amenaza continua de diversos grupos delincuenciales. No podemos trabajar con tranquilidad mientras la extorsión, los hurtos y la intimidación siguen aumentando”, afirmó. En ese sentido, pidió a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional fortalecer el acompañamiento y la protección del aparato productivo rural.
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Crecimiento del área sembrada y aumento histórico de la producción
El encuentro también contó con la participación del gerente general de Fedearroz, Rafael Hernández Lozano, quien presentó un balance del comportamiento productivo del sector en los últimos años. Según el dirigente, entre 2012 —año en que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos— y 2024, el área cultivada de arroz en Colombia aumentó un 52%, mientras que la producción creció un 61%.
Hernández Lozano atribuyó estos resultados al Programa de Adopción Masiva de Tecnología (AMTEC), implementado desde 2011 como estrategia para fortalecer al productor de cara a un mercado cada vez más exigente. “Nada de esto fue casualidad. Fue el resultado de una apuesta seria. Los productores que han adoptado estas prácticas hoy están más fuertes. Cuando el conocimiento llega al campo, las cifras cambian, las oportunidades aparecen y el miedo se transforma en estrategia”, explicó.
Sin embargo, señaló que los avances tecnológicos no son suficientes si no se garantizan condiciones estructurales que permitan cerrar brechas y reducir riesgos. Ante la presencia del ministro de Agricultura (e), Andrés Felipe Ocampo, el líder gremial enfatizó que el futuro del arroz no depende únicamente de lo que ocurre en las fincas. “Se necesitan inversiones en riego, crédito y garantías accesibles, infraestructura vial que reduzca costos, laboratorios, políticas estables de largo aliento, mercados confiables y mecanismos de estabilización”, dijo.
Soberanía alimentaria como propósito nacional
Al cierre del encuentro, Hernández Lozano recordó que el compromiso del sector arrocero va más allá de la producción económica y que su rol es estratégico para el país. “Los productores de arroz somos algo más que empresarios rurales: somos custodios de la soberanía alimentaria de Colombia. Donde hay arroz, nunca habrá hambre”, afirmó.
El gremio insistió en la necesidad de que las políticas públicas acompañen el esfuerzo productivo, garanticen la competitividad frente a mercados internacionales y protejan la actividad del impacto de la ilegalidad, la inseguridad y los costos crecientes. La prioridad, señalaron, es consolidar un sistema alimentario sostenible que asegure disponibilidad de alimentos, precios asequibles y calidad para las familias colombianas.
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