El panorama para los arroceros del departamento sigue siendo alarmante, la grave crisis por contrabando y caída de precios ha ido afectando a más de 300 agricultores que viven de este importante cereal en el Huila. Exigen cumplimiento del gobierno de manera urgente.
DIARIO DEL HUILA, HUILA
Por: Leidy Catalina Durán Vásquez
El sector arrocero del Huila atraviesa una crisis profunda que, según los mismos productores, podría convertirse en el golpe más duro de las últimas décadas para la economía agrícola del departamento. La entrada masiva de arroz de contrabando, la creciente brecha entre los costos de producción y los precios de compra establecidos por la industria, y la incertidumbre regulatoria mantienen en alerta a los arroceros, quienes advierten que la situación podría dejar sin sustento a cientos de familias campesinas.
Los productores Martín Vargas y Alcy Cortés, voceros del sector en la región, entregaron un panorama detallado de los factores que hoy amenazan una de las actividades económicas más importantes del centro del país.
El problema principal donde coinciden los productores, es el contrabando. Cada año estarían ingresando al Huila unas 120.000 toneladas de arroz ilegal, aunque las cifras podrían ser incluso mayores, debido a que gran parte del producto entra por vías donde es prácticamente imposible realizar controles efectivos.
“Esas 120.000 toneladas son exactamente las que nosotros dejamos de producir”, denunció el agricultor Martín Vargas, quien señala que esta situación pone en jaque la estabilidad del mercado y la supervivencia de los productores.
“Ese arroz entra más barato, le baja el precio al producto nacional y termina sacándonos del mercado. El daño es del 100%”, precisó Martin Vargas.
La magnitud del problema es tal que, según Vargas, entre 200 y 300 agricultores del departamento están quedando sin actividad productiva debido al impacto directo del contrabando en los precios del arroz.
Una de las razones por las cuales el arroz ilegal logra dominar el mercado es su precio. Mientras producir un bulto de arroz blanco en el Huila cuesta $165.000, el que entra de contrabando se comercializa en el centro del departamento por $110.000 o $115.000.
“Con esos precios no hay forma de competir. A nosotros nos ponen a perder plata y a eso se suma el abandono institucional frente al contrabando”, expresó Vargas.
La competencia desigual ha generado una caída en la rentabilidad del sector que, según los agricultores, no solo amenaza la economía individual de cada productor, sino también todo el tejido rural del departamento, quienes llevan meses viviendo una incertidumbre y producción a pérdidas que ha afectado a todas sus familias.
La producción no se detiene
De acuerdo con el arrocero, pese a las dificultades, la siembra de arroz en el Huila no se detiene. La región mantiene 35.000 hectáreas sembradas de manera constante, una producción que es posible gracias a las condiciones favorables del clima y al sistema de riego por gravedad que permite cultivar prácticamente durante todo el año.
“Huila es un departamento arrocero por naturaleza. Aquí la gente vive del cultivo de arroz; no podemos parar, en este momento los productores se encuentran en plena temporada de recolección”, explicó Alcy Cortés.
En total, son 15.000 agricultores directos la mayoría con unidades pequeñas de 7, 8 o hasta 10 hectáreas quienes dependen exclusivamente del cultivo para subsistir. A ellos se suman miles de empleos indirectos en transporte, secamiento, molinos, maquinaria y comercio.
Precio del arroz, un problema de no acabar
Otro de los factores que genera preocupación en el gremio es la fijación del precio del arroz paddy verde. La incertidumbre se agudizó luego de que la Resolución 67 522, que establecía precios concertados entre el sector industrial, la Federación de Agricultores y los productores, estuviera a punto de vencer el pasado 30 de octubre.
La caída de los precios parecía inminente ante la abundancia de arroz en el mercado y el ingreso masivo de contrabando. Sin embargo, el Ministerio de Comercio emitió la Resolución 88766, extendiendo la vigencia de la normativa hasta el 31 de enero de 2026, brindando un respiro momentáneo al sector.
Aun así, los productores insisten en que los precios fijados no reflejan los costos reales de producción. La Resolución 240 31 del Ministerio de Agricultura había establecido para el Huila un precio de $198.600 por carga de paddy verde, pero tras un acuerdo entre industria y agricultores, el precio quedó en $182.000, lo que generó descontento entre los arroceros pues aun así sigue teniendo pérdidas.
“Ese precio es inferior a lo que debería ser. Somos nosotros quienes asumimos las pérdidas. La regulación da estabilidad temporal, pero no garantiza la sostenibilidad”, enfatizó Cortés.
El contrabando es en todo el país
Según los agricultores, la falta de controles eficaces es una de las causas principales del avance del contrabando. Hoy, el producto entra al país y al departamento por vías terrestres sin mayores dificultades, lo que impide rastrear su origen y comercialización.
“Hemos solicitado que el arroz que se importe ingrese únicamente por puertos marítimos. Allá sí se puede controlar. Pero cuando entra por carretera, es imposible saber si es legal o ilegal”, afirmó Cortés.
Los arroceros estiman que el 15% del arroz que circula en Colombia podría ser de contrabando, procedente de países donde producir el grano es significativamente más económico debido a subsidios, tecnología y menores costos de mano de obra.
El impacto del contrabando y de los precios desregulados no solo afecta a los productores, sino también al conjunto de la economía regional. La disminución en la siembra y la salida de agricultores del mercado pueden provocar, en el mediano plazo, una dependencia cada vez mayor del producto extranjero.
“Si dejamos de producir, dependemos del arroz de otros países. Eso es gravísimo. No solo estamos perdiendo nuestro sustento, sino nuestra seguridad alimentaria”, alertó Martín Vargas.
El arrocero insistió en que el Gobierno debe actuar con urgencia, reforzar los controles al contrabando, revisar los precios regulados de compra, garantizar pagos justos y generar incentivos que permitan que la actividad sea sostenible, además, expresan que los acuerdos a los que llegaron luego del gran paro arrocero que duró más de 10 días en todo el país no se han cumplido.
“No se trata solo de números. Se trata de familias, de campesinos, de la economía de los municipios. Cada hectárea que se deja de sembrar es una familia que queda sin ingresos”, concluyó Cortés.
Contexto del panorama de los arroceros
El departamento del Huila, tradicionalmente uno de los mayores productores de arroz en Colombia, vive un momento clave en su sector arrocero. La reciente resolución 88766, emitida por el Ministerio de Comercio, ha extendido hasta el 31 de enero de 2026 la regulación de los precios de compra del arroz a nivel nacional, brindando una prórroga a la resolución 67522 que expiraba el 30 de octubre de este año. Esta medida es una victoria para los arroceros del Huila, quienes ven en esta decisión una garantía de estabilidad para el cultivo, esencial tanto para la economía regional como para el bienestar de miles de familias campesinas.
A diferencia de otras regiones del país, donde el cultivo de arroz depende de las lluvias, el Huila ha logrado mantener una producción constante durante todo el año gracias a un sistema de riego por gravedad. Este método de riego permite a los agricultores del Huila sembrar arroz en todas las estaciones, lo que les otorga una ventaja competitiva y asegura un flujo constante de producción. De hecho, la producción en el Huila representa aproximadamente el 16% del total de la producción nacional de arroz.
A lo largo del año, cerca de 35.000 hectáreas son sembradas de arroz en el Huila, involucrando a alrededor de 15.000 productores, la mayoría de ellos pequeños y medianos campesinos. Estos productores, que cuentan con terrenos de entre siete y diez hectáreas, no solo proveen al mercado interno, sino que también desempeñan un papel crucial en la estabilidad económica de la región. Sin embargo, a pesar de esta importancia, los arroceros del Huila no han estado exentos de dificultades que amenazan su rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo.
Prórroga da alivio, pero no resuelve los problemas
La prórroga anunciada por el Gobierno Nacional es un alivio para los arroceros, ya que asegura la estabilidad del precio de la carga de arroz paddy verde en 182.000 pesos, una cifra que, aunque insuficiente para algunos, garantiza que el sector pueda seguir operando con un marco de certidumbre. Según Alcy Cortés, uno de los productores más representativos del Huila, “la prórroga es una buena noticia, pero el precio aún no es el ideal. Sin embargo, tener esta estabilidad nos ayuda a planificar mejor las cosechas y garantizar el sustento de nuestras familias.”
La resolución 67522 había sido un acuerdo entre la Federación Nacional de Arroceros, los industriales del arroz y los productores, pero su vencimiento generaba incertidumbre. La posibilidad de que los precios se desplomaran tras su expiración era una preocupación latente. Sin embargo, la decisión de extender su vigencia por más de tres años permite que los arroceros mantengan la calma y continúen con sus siembras sin el temor de que el precio del cereal baje abruptamente.
El futuro sigue incierto
A pesar de los retos que han tenido que vivir los arroceros del Huila siguen siendo optimistas sobre el futuro del sector. La prórroga de los precios les ha dado un respiro, pero el camino hacia la sostenibilidad del cultivo de arroz en el país depende de varios factores, como la inversión en infraestructura, la modernización del campo y el fortalecimiento de las políticas de control al contrabando.
El arroz sigue siendo un pilar fundamental en la economía del Huila. No solo por su impacto económico, sino también por la relevancia social del cultivo. Miles de familias dependen directamente de la actividad arrocera para su sustento, y la estabilidad en los precios es vital para que puedan seguir adelante con su labor. Sin embargo, el sector no puede descansar en los logros alcanzados; la vigilancia y el compromiso continuo del Gobierno son esenciales para garantizar la continuidad de la producción de arroz en la región y en el país, y así los cientos de familias que viven de la producción de este importante cereal logren solventar un poco los gastos de producción de la cosecha.
